Los vecinos del número 4 de la calle La Marina, en Rojales, vienen denunciando desde hace meses los ruidos que general el gimnasio que se sitúa en el bajo de su edificio y ha estado abierto sin licencia con informes en contra del secretario y la Policía. Los vecinos relatan que el alcalde, Antonio Martínez (PP), ignoró el primer informe de la Jefatura y ejecutó el segundo el jueves, cerrando las instalaciones pero otorgándose los poderes de la Junta de Gobierno para conceder licencia y resolviendo en un día el trámite para que el viernes volviera a abrir.

El recorrido de quejas de los vecinos, que han encabezado José Antonio Pérez y Anahi Romo reclamando su derecho al descanso y el de su hijo de pocos meses, se remonta a diciembre de 2010 y repasa que el local abrió con licencia ambiental pero no de apertura, un hecho que corroboran informes policiales y el Síndic. Lo que los vecinos pretenden, tal y como explicaron a este diario, no es que el gimnasio se cierre, sino que se reforme y se insonorice para que dejen de escucharse ruidos de pesas, poleas de máquinas de musculación o música. También insisten en que el propietario ha abierto varias ventanas para las que no tiene autorización, agravando los ruidos que llegan a sus casas, que posterga el cierre más allá de la hora admitida (las 22 horas) y que usa un local anexo para el que no hay licencia ambiental.

Conceder

A principios de mayo la Junta de Gobierno se reafirmó en conceder la licencia ambiental pese a las alegaciones de los vecinos, aunque señalaba que para abrir era necesario obtener la licencia de apertura y requería que se colocara "pavimento elástico de goma o caucho para eliminar las vibraciones causadas por el contacto de las pesas con el pavimento cerámico existente", así como que se pusieran "tacos de goma para amortiguar el impacto durante los ejercicios". Tan solo dos días después cinco de los seis vecinos registran sus quejas y sostienen que las reformas no se han llevado a cabo. El 16 de mayo el Síndic se pronunció recomendando al Ayuntamiento el cierre.

Con todo, el viernes el alcalde se avocó la competencia de dar licencia, y argumentó que lo hacía "no pudiendo esperar su otorgamiento hasta la próxima sesión de la Junta de Gobierno Local". Aún así, el decreto refleja que hay un informe desfavorable del secretario municipal, quien considera "que la actividad realmente se desarrolla en local B y además en otro colindante que no cuenta con licencia ambiental".