El fiscal Anticorrupción solicitó ayer al titular del juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, Carlos San Martín que amplíe la investigación contra José Joaquín Moya por el supuesto regalo de un todoterreno que recibió por parte de dos empresarios mientras era alcalde de Bigastro, cargo que mantuvo hasta finales de octubre de 2008, según confirmó ayer el periódico. La petición se realizó ayer dentro de una comparecencia judicial fijada dentro del procedimiento de la ley del jurado. El que fuera regidor bigastrense se enfrenta a una acusación de cohecho que tendría que dirimirse ante un tribunal popular.

La acusación quiere saber qué perjuicio ha podido causar este hecho a las arcas municipales al tiempo que ha reclamado la imputación del secretario y la tesorera, algo que había desestimado el magistrado instructor hasta ahora. Igualmente se ha reclamado más documentación al archivo municipal sobre este asunto. El Ayuntamiento de Bigastro ha solicitado ser parte en el procedimiento y así ha sido admitido, aunque ayer no compareció representante alguno al acto de ayer por lo que no se descarta volver a realizarla o, por economía procesal, darle cuenta para evitar más demoras en este procedimiento del que ahora se van a cumplir tres años. La comparecencia también sirvió para que la defensa de Moya solicitara al instructor el sobreseimiento de la causa al considerar que de los hechos investigando no se deriva responsabilidad penal. En estos momentos, además del exregidor, están acusados los dos empresarios.

El juzgado también tiene abierta la causa por un delito de malversación de caudales público y ayer se solicitó en la comparecencia que se ampliara por fraude y exacción ilegal.

Extenso

La investigación a cargo de la Guardia Civil sobre estos hechos (hay varias causas aún abiertas contra Moya por su gestión al frente del Ayuntamiento de Bigastro y otras que ya se han archivado) concluyó con un extenso informe en el que se considera que los dos empresarios imputados adquirieron el todoterreno en Murcia pagando cerca de 65.000 euros y que el dinero se realizó a través de una serie de pagos fraccionados. En concreto, pagarés que en algún caso salieron supuestamente del Ayuntamiento de Bigastro. Uno de los dos empresarios realizaba tareas para el Consistorio.