La Audiencia juzgará a José Joaquín Moya por prevaricación y le exige 75.000 euros de fianza

El juez sustituto, Demetrio Vaíllo, ha dispuesto que Moya deposite una fianza de 75.000 euros para que asuma la responsabilidad civil derivada del gasto de demolición de la obra para el caso de ser condenado. En caso de que no pueda satisfacer esa cantidad se le embargarían los bienes o, en última instancia, deberá demostrar su insolvencia. El Ayuntamiento de Bigastro aparece en este caso como responsable civil subsidiario. El objetivo es cubrir los gastos y los daños y perjuicios que puedan causar la demolición "de la construcción ilegal".

El juez asume de esta forma la petición del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, de apertura de juicio. En el escrito de acusación éste solicitaba cinco años y diez meses de prisión para el exalcalde por autorizar la construcción de depósitos de gas en esa zona verde en 2006 y "hacerlo a sabiendas de que era una actuación ilegal". También se juzgará al exsecretario, Antonio Saseta, y a una técnico del Ayuntamiento, ambos por prevaricación y falsedad documental, al avalar con sus informes la actuación de Moya.

Como avanzó esta edición, las obras en la parcela no estaban permitidas en la normativa urbanística y "tampoco son autorizables y contravienen el planeamiento urbanístico" de la Comunidad. Este asunto, entre otros, fue una de las causas que investigó durante meses una brigada especializada de la Guardia Civil y que terminó con la detención y dimisión de Moya en octubre de 2008.

En abril de 2005 el pleno de Bigastro había aprobado la reparcelación del denominado sector D6. En ese plan urbanístico figura una parcela de 1.170 metros cuadrados adjudicada al Ayuntamiento como zona verde. Sin embargo, un año después Moya, como promotor de las obras del sector y representante municipal, firmó con Repsol Butano un acuerdo para instalar dos depósitos de 46.500 litros de propano. En ese acuerdo la empresa hacía responsable al alcalde de la "adecuación y clasificación urbanística de los terrenos". Moya ordenó la ejecución y los depósitos quedaron instalados en octubre de 2007.

Licencia

Las construcciones tampoco estaban amparadas por "licencia alguna", lo que "el acusado como alcalde conocía perfectamente", según interpreta la Fiscalía, porque la solicitud de la empresa es del 8 de febrero de 2007 y no fue resuelta hasta un año después, momento en el que los depósitos ya estaban construidos.

Cuando la técnico tramitó por primera vez esta petición de licencia dijo que "era inviable". Entonces la empresa se presentó en el Ayuntamiento para que se emitiera un certificado que indicara que el suelo era compatible con la obra. Y la misma técnico firmó entonces un certificado de compatibilidad urbanística, avalado por el secretario, como máximo garante de la legalidad, y rubricada por el entonces alcalde Moya. Ese documento, para el fiscal "fue emitido de forma arbitraria, con pleno conocimiento de la injusticia que el acto suponía, (...) faltaba a la verdad, contravenía los parámetros legales, era manifiestamente ilegal y de contenido "mendaz", porque concluía que la actividad "era compatible la normativa y el planeamiento urbanístico".

Investigan si un coche se pagó con dinero público

Además de esta causa, Moya tiene otras pendientes en el juzgado, como la investigación del regalo de un coche de lujo -un Volkswagen Tuareg- por parte de un empresario de la construcción que se abonó supuestamente con un pagaré emitido desde el Ayuntamiento. Estos hechos pidió la Fiscalía en septiembre que se juzgaran ante un jurado popular. También está siendo investigado por las subastas irregulares de suelo protegido a un constructor con el objetivo de levantar un complejo residencial y un campo de golf de prácticas. D.P.