Los tres partidos que a día de hoy conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela parece que sí tienen una cosa clara y decidida: una gestión pública es la mejor solución para cuando se desprendan de la UTE (Unión Temporal de Empresas) Orihuela Capital de la Vega Baja (que integran Sufi-Valoriza, Liasur y Gobancast) que tiene adjudicado aún el servicio. Así lo explicaron fuentes del ejecutivo local y, también, lo ha dicho en público el alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) o concejales socialistas, que se han pronunciado en el mismo sentido. La notificación el pasado jueves por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, considerando que es viable desligarse de la UTE con base en los reiterados incumplimientos de la contrata, era un espaldarazo tan necesario como complejo es ahora saber cómo se tiene que gestionar este procedimiento.

Como ya ha publicado este periódico, Urbaser, la empresa que se adjudicó en 2005 el contrato en un concurso que dos años más tarde fue declarado nulo por el pleno (con los votos del PP) y con base a un informe técnico, ganó el pasado año una sentencia que declara su derecho a ser la adjudicataria del servicio lo que, en estos momentos, podría parecer una solución, ya que el Ayuntamiento necesitaría una empresa que se colocara en la posición de la UTE. Ahora bien, las condiciones con las cuales se firmó ese día la contrata no son las mismas que se dan a día de hoy y se tendría que renegociar diversos aspectos que quedarían fuera de ese acuerdo. El hecho de que Urbaser aún no haya contestado al juzgado que tramitó en ejecución de sentencia una solución al conflicto hace pensar a los responsables municipales que la empresa está más interesada en una jugosa indemnización -llegó a hablarse de hasta 7 millones de euros- que de asumir el contrato. Pues ni lo uno ni lo otro.

Sencillo

Ante esta situación, lo que prefiere el ejecutivo oriolano es quedarse por ahora la gestión mientras se resuelve la salida de la UTE del municipio, lo que a priori parece lo más sencillo porque desde hace un mes el servicio está secuestrado por el Ayuntamiento a raíz de la huelga de los trabajadores por impagos, lo que desde el Ayuntamiento se ha visto siempre como un chantaje.

El equipo de gobierno, según la legislación, tiene seis meses para cerrar este proceso que comenzará esta semana con la notificación de la resolución del Consejo Jurídico Consultivo a la UTE, conglomerado de empresas que, como ya ha venido publicando este periódico, mantiene un duro enfrentamiento interno, lo que les ha llevado, por separado, a solicitar al Ayuntamiento una solución al conflicto que bien pasaba por quedarse con la contrata -en solitario- o salir de la misma con el plácet municipal. Las concejalías de Contratación e Infraestructuras a lo que no renuncian es a la reclamación de más de 2 millones de euros a la UTE por el incumplimiento de la contrata desde que ésta comenzó, en mayo de 2009, y que se ha venido pagando religiosamente como si determinados servicios estuvieran a disposición de los ciudadanos, lo que va desde papeleras a contenedores soterrados o una planta de transferencia. En total, más de 60 quejas que conformaron el expediente para anular la contrata y que fueron valoradas económicamente por los técnicos del Ayuntamiento para reclamar su resarcimiento. La UTE ya ha dicho que no está dispuesta a soltar un euro.