El exalcalde socialista de Bigastro, Joaquín Moya se sienta por primera vez en el banquillo después de que en 2008 la investigaciones de la Guardia Civil desembocaran en su detención y dimisión del cargo. La causa que se juzga ahora parte de una denuncia anterior de la oposición del PP. En concreto, la subasta y adjudicación irregular de terrenos rústicos en el paraje municipal de La Pedrera en agosto de 2005. El suelo fue adjudicado una empresa inmobiliaria "Promociones Alicante Torrevieja", conocida comercialmente como Idearco, para que levantara un complejo turístico con Spa para 260 plazas y un campo de golf de prácticas, incumpliendo todos los plazos del procedimiento de adjudicación y aprobándose en pleno sin el visto bueno de la Generalitat y con las sospechas de que el trámite se amañó para que concurriera el adjudicatario finalmente beneficiado, según sostiene el escrito de la acusación. Mientras que la Fiscalía pide en su escrito de acusación un pena de 9 años de inhabilitación para cargo público por el delito de prevaricación, la acusación reclama ocho de inhabilitación y tres de prisión por falsedad documental. En el procedimiento también se sientan como acusados por prevaricación el exsecretario municipal Antonio Saseta y las concejales socialistas María del Carmen Grau Espinosa y María Jesús Torres García, quienes entonces también formaban parte de la Mesa de Contratación de Bigastro. Para ellos el Ministerio Público pide una condena de inhabilitación de ocho años.
Tanto la acusación como el fiscal señalan que todo el trámite de adjudicación del complejo se hizo prescindiendo "de forma absoluta de las normas esenciales del procedimiento". Como ejemplo, aún no había concluido el plazo para la presentación de proposiciones por parte de las mercantiles interesadas,que terminaba el 10 de agosto de 2005, cuando el pleno para adjudicarlo se realizó el 8 de ese mes. Moya, que fue alcalde de Bigastro 25 años, está pendiente de juicio oral por otras dos causas relacionadas con su gestión.
