La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela ha abierto siete expedientes sancionadores a la empresa Proambiente, propiedad del empresario Ángel Fenoll, imputado en el conocido como 'caso Brugal', por desarrollar varias actividades sin licencia municipal en una nave instalada en el vertedero que explota en esa localidad, según ha informado en un comunicado el consistorio.
El concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, ha señalado que esta mercantil podría haber cometido "siete infracciones muy graves al carecer de las licencias que necesita para ejercer su actividad en el término de Orihuela".
Proambiente ha establecido en Orihuela varias instalaciones de su vertedero sin la preceptiva licencia, según revela la documentación relativa al deslinde elaborado por el Centro Nacional de Información Geográfica y los informes realizados por la Policía Local en funciones de policía administrativa.
En ambos informes, que serán remitidos a la Generalitat, se especifica que el acceso al vertedero y la báscula de pesaje de vehículos, el taller mecánico, el lavadero, un aparcamiento de maquinaria, una sala polivalente, un zoológico, dos depósitos de gasoil y unos vasos clausurados, están instalados de manera irregular.
MULTAS DE 50.000 A 300.000 EUROS
Zapata ha avanzado que la resolución del expediente podría conllevar multas económicas que van de los 50.001 a los 300.000 euros, así como el cierre definitivo del vertedero.
Asimismo, ha anunciado que la Concejalía de Urbanismo ha adoptado medidas cautelares para suspender temporalmente la actividad de Proambiente, al entender que ésta "perjudica a la salud de los vecinos de La Murada (Alicante) y el medio ambiente de las zonas que rodean las instalaciones del vertedero".
"En Urbanismo no hay licencia ambiental ni ninguna otra que permita a la empresa llevar cabo su actividad", ha dicho el concejal, quien ha explicado que "existe documentación que pone de manifiesto que se producen vertidos de lixiviados que podrían ser peligrosos para la salud de las personas y el medio ambiente".
Además, ha destacado que el Ayuntamiento "se ha puesto a trabajar en la defensa de la legalidad y de los ciudadanos que sufren los perjuicios de un vertedero ilegal y de instalaciones anejas ilegales que carecen de licencia".
CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
Zapata también ha explicado que, en 2008, Proambiente solicitó en la Concejalía de Urbanismo un certificado de compatibilidad urbanística "para poner determinadas instalaciones en un determinado suelo", en referencia a las instalaciones por las que el consistorio ha abierto los expedientes.
Al respecto, el edil de Urbanismo ha señalado que el informe, que era "desfavorable", fue firmado por la exalcaldesa Mónica Lorente y que "alguien o algunos sabían que esta empresa pretendía instalarse en La Murada sin poder hacerlo y no hicieron nada".
Zapata ha criticado que "algunos han consentido" que se haya "perjudicado a los vecinos" y que una actividad "ilegal" haya "campado a sus anchas sin control".
