El juicio contra dieciséis miembros o simpatizantes de la banda de moteros «Ángeles del infierno» continuó ayer con la declaración de la persona que supuestamente recopiló y facilitó la información para perpetrar el robo en la notaría de la calle Ramón Gallud en Torrevieja, en el que murió de un disparo en el vientre el notario Juan José Martínez Román en octubre de 2009. Este acusado reconoció en parte haber dado datos sobre la notaría a los dos atracadores, pero sostuvo que entregó información errónea porque no esperaba y tampoco quería que se cometiera el robo y mucho menos que nadie muriera.
Su declaración tiene cierta concordancia con la del asesino confeso, que declaró la semana pasada que disponía de un croquis del despacho, una orientación de la hora a la que debía haber menos público en la notaría y más dinero en la caja. Reconoció que todo resultó ser falso y que nada era como debía ser, pues la notaría estaba repleta de gente (eran las 12 horas) y las cajas vacías, teniendo en cuenta que robaron 915 euros y esperaban encontrar un mínimo de 40.000.
La declaración de ayer volvió a poner sobre la mesa supuestas presiones de la Guardia Civil para implicar en el asunto a los dirigentes de la banda «Ángeles del infierno» del capítulo de Murcia, al que pertenecían ocho de los 16 acusados (muchos de los procesados por encubrimiento eran familiares o parejas sentimentales de miembros).
En las sesiones de juicio que restan (varias, a tenor de que aún no se ha escuchado a doce de los acusados, cada uno con su abogado defensor, ni al medio centenar de testigos que están citados en este «macrojuicio») se ahondará en la hipótesis de que la banda de moteros fuera realmente una organización dedicada a cometer delitos, algo que han negado hasta ahora todos los acusados. Eso significaría que sus «mandos» (dado que se trata de un club jerarquizado y cuasi militar en el que se exige obediencia) habrían estado al corriente de que se iba a cometer el robo. Por ello la Fiscalía solicita inicialmente que sean condenados por asesinato y robo además de por encubrimiento.
El asesino confeso aseguró que había planeado el robo por sí mismo y que el otro atracador ni siquiera sabía que el revólver que él portaba era auténtico. Para él se solicitan 55 años de cárcel por varios delitos, entre ellos un homicidio en grado de tentativa en Pedralba y un asesinato en grado de tentativa en San Pedro del Pinatar. El procesado que declaró ayer se enfrenta a dos años de prisión por asociación ilícita, cinco por robo con violencia y uso de armas, 18 por asesinato y otro por tenencia ilícita de armas.
