El exalcalde socialista de Bigastro Raúl Valerio Medina ha asegurado que el dinero de los fondos del Plan E que son objeto de investigación judicial a raíz de una querella del PP se usaron para fines municipales, y ha añadido que en ningún momento se "falseó ningún tipo de documento".

A su salida de los juzgados, Valerio Medina ha afirmado a los periodistas que ha respondido a las preguntas tanto del ayuntamiento como de la fiscalía y la jueza, puesto que no tiene "nada que ocultar".

"Los pagarés o certificados firmados por el constructor han formado parte del expediente presentado", ha comentado antes de poner de manifiesto que ya dijo "en su momento tal y como estaban las cuentas del ayuntamiento" cuando entró a la alcaldía, en 2008. Ha proseguido que, entonces, había "multitud de deudas y descubiertos, y era muy complicado llevar a cabo los pagos que se nos pedían".

"Todos los fondos iban entrando en una cuenta municipal que era de libre disposición puesto que no sólo había ingresos y pagos del Plan E", ha dicho el socialista, quien ha insistido que el dinero se usó para "poder hacer frente a los gastos básicos del ayuntamiento porque era la única forma de sobrevivir y mantenerlo abierto".

Ha insistido en que remitirá al fiscal la copia del acta del pleno donde de aprobó la subvención para acometer las obras, además del informe de fiscalización que hizo el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de esa obra donde dice que el "único reparo que encontró fue el retraso a la hora de cumplir los pagos, pero entendían que estaban completamente pagadas".

"La obra está ejecutada, finalizada y usada por todos los ciudadanos de Bigastro y, el dinero que falta en la cuenta ha sido destinado a pagar facturas, nóminas y descubiertos del ayuntamiento, tal y como se ha podido comprobar con la documentación municipal que ha presentado el propio consistorio", ha añadido.

En este sentido, ha hablado de la actual alcaldesa de Bigastro, Charo Bañuls, de PP, de quien ha dicho que al presentar la querella, en marzo de 2012, "lo único que buscaba era un fin exclusivamente político".

A este respecto, ha criticado que en lugar de gestionar, Bañuls se dedique a "gastar el tiempo y el dinero de los contribuyentes, más de 80.000 euros anuales, en los asuntos de los juzgados".