El pasado 12 de febrero el alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (PP), cesó en sus funciones a través de un decreto a tres de los cinco asesores que tenía bajo sus órdenes su segundo teniente y concejal delegado de Urbanizaciones, Jeffrey W. Wisznieweki (Partido Independiente por las Nacionalidades -PIPN-), quien le da la mayoría desde el 11 de junio de 2011. Uno de los despedidos es Juana R.M.A., quien el 28 de enero registró un escrito en el Ayuntamiento en el que ponía en conocimiento del regidor que el citado edil la estaba acosando sexualmente desde hacía meses, tal y como ayer publicó INFORMACIÓN.
Un día más tarde, el 29 de enero, la asesora, que estaba de baja laboral desde el 8 de enero por estos hechos, presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Guardamar del Segura reiterando lo ocurrido. El asunto está en manos judiciales y el concejal denunciado aseguró a esta redacción que todo es falso y no piensa dimitir; de hecho, ayer acudió con normalidad a sus actividades diarias en el Ayuntamiento.
La cuestión es que el alcalde decretó el cese de la asesora 15 días después de tener conocimiento por registro de estos hechos y, lo que también es curioso, no sólo de ella sino de dos personas de su círculo más próximo pues se trata del hermano de la denunciante, Manuel David M.A., y del hijo de ésta, Jesús María A.M, quienes, además, figuran como testigos en la denuncia que se ha presentado ante la Benemérita contra el concejal independiente.
El regidor aseguró que a los ceses estaban previstos porque a ellos se veía obligado por la Ley de Reforma Local del Gobierno central que limita el número de personal de confianza que pueden tener los cargos públicos. En este caso y al ser San Fulgencio un municipio de menos de 50.000 habitantes, a sólo siete. Y Jeffrey W. Wisznieweki tenía él sólo a cinco y, curiosamente, todos ellos miembros de su lista electoral.
Declaraciones
El alcalde no quiso realizar ayer más manifestaciones al respecto de este asunto a sabiendas que está en manos de los juzgados y a la espera de que se resuelva pronto. Ahora bien, deslindó ambas circunstancias: la denuncia por acoso y el decreto de cese que llegó dos semanas más tarde y que afecta a las tres personas directamente implicadas en este asunto: la denunciante y dos de sus testigos.
Los tres cargos cesados entraron a trabajar en el gobierno local el 17 de junio de 2011; es decir, seis días después de que Ramírez alcanzara la Alcaldía que se decidió por 9 de los 17 votos del plenario. Su partido tenía 8 y sumó el de Jeffrey W. Wisznieweki. Es decir, nueve; frente a los 8 que sumaban el PSOE (cuatro) y los independientes de APSFU (cuatro), con lo cual sacaron de la Alcaldía a la socialista Trinidad Martínez.
En la denuncia presentada en la Guardia Civil, Juana R.M.A. realiza una larga exposición, que comienza un año y medio antes y en el que describe al concejal de quien dependía como una persona obsesiva que la miraba con deseo y que, de hecho, le planteó mantener relaciones, siempre según el relato de la denunciante ante la Benemérita.
La mujer asegura que llegó a sentirse maltratada moralmente en el trabajo porque le gritaba, le hablaba con desprecio o la hacía sentirse mal sin ningún tipo de justificación. De hecho, la mujer vive sola y declaró que sentía miedo porque llegó a enviarle incluso regalos y a mandarles mensajes de texto que corroborarían su testimonio.
El concejal denunciado aseguró a esta redacción el pasado jueves que se siente chantajeado por la mujer, que es falso todo lo que dice en la denuncia.
