En menos de un año, el Ayuntamiento de Callosa de Segura ha pasado de acusar a la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, Aqualia, de incurrir en «graves incumplimientos» porque se negaba a presentar documentación, no realizaba el mantenimiento del alcantarillado y la potabilizadora y tampoco justificaba el agua que extraía de los pozos municipales, entre otros muchos, a decidir ampliarle el contrato durante 12 años adicionales, hasta 2035. La decisión de extender el contrato se formalizó en el pleno de ayer, en el que el Partido Popular impuso su mayoría absoluta para ello frente al voto en contra del PSOE y de IU. Mientras el alcalde, Javier Pérez (PP), defendió que se trata de un convenio beneficioso, la portavoz de los socialistas, María del Mar Martínez, optó por pedir sin éxito que se dejara el tema sobre la mesa hasta valorar las consecuencias que se derivarán de este convenio. En cambio, Manuel Amoros (IU) valoró llevar el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

El nuevo acuerdo entre Aqualia y el Ayuntamiento se firmó el 12 de mayo. En el documento se recuerda que el 28 de junio de 2013 la administración local inició un expediente de caducidad con el fin de quitarle la concesión a esa empresa por sus incumplimientos, frente a lo cual la mercantil alegó. Según explicó ayer el regidor, la administración solicitó informes internos y externos para valorar si se podía romper el contrato y se aconsejó que no porque los incumplimientos que habían quedado demostrados no eran causa suficiente para adoptar esta decisión, que podría derivar en un proceso judicial en el que el Ayuntamiento se enfrentara a una indemnización millonaria.

Pérez recordó que el contrato de concesión del servicio se firmó en 2003 por un periodo de 20 años y es el que está actualmente en vigor. Dijo que en 2009 su gobierno firmó un nuevo convenio con la empresa mediante el cual el Ayuntamiento recibiría 3,5 millones de euros (1,5 millones en metálico para afrontar gastos y el resto en inversión de infraestructuras ligadas a la la potabilizadora). A cambio la administración autorizaba una subida del agua de 11,86%. Poco después, Aqualia consiguió que la Comisión de Precios le aceptara un nuevo incremento del 8,70% justificado en la carestía de precio del agua que compraba a la Mancomunidad del Taibilla. En total, algo más de un 20% que el Ayuntamiento se negó a aplicar «por la situación de crisis». La empresa interpuso entonces un contencioso-administrativo que todavía se dirime en los juzgados.

«Teníamos dos opciones: o pagar a la empresa 4.245.752 euros y romper el contrato o llegar a un nuevo acuerdo», señaló el primer edil. Pérez dijo que con el nuevo convenio, Aqualia ha retirado los recursos contra el Ayuntamiento, se ha comprometido a no subir el coste del agua hasta 2023 (aunque sí aplicará las subidas del IPC), no habrá compensaciones en caso de que la empresa alegue pérdidas y faculta a ejercer más controles, como medir el volumen del agua que se extrae de los pozos para que se le cobre un coste adicional si se rebasa un límite.

Daños

Pero la oposición socialista no tiene tan claro que este acuerdo sea beneficioso y critica que el PP lo haya aprobado sin pedir antes un informe al Consejo Jurídico Consultivo. Martínez criticó al alcalde porque inició el expediente de caducidad del contrato en junio de 2013 y dejó que caducara sin adoptar ninguna medida. Dijo que entonces se pidió un informe a la Diputación y se resolvió que se podía reabrir el expediente o negociar un nuevo convenio, añadiendo que era posible acudir al Consejo anteriormente mencionado para arrojar luz sobre este asunto. Por este motivo, el PSOE mostró su desacuerdo con que se prorrogara el contrato sin solicitar ese dictamen y sin cuantificar los daños económicos derivados de los supuestos incumplimientos de la empresa. Además señaló que si el Ayuntamiento se ha comprometido ahora a medir el agua que sale de los pozos es porque hasta ahora «no había ningún tipo de control sobre este asunto». Martínez concluyó que la verdadera razón por la que el consistorio no puede liquidar el contrato es por la deuda que mantiene con Aqualia.