El Partido Popular se refugió ayer en los técnicos del Ayuntamiento de Orihuela para defenderse de su supuesta implicación en un delito de prevaricación continuada por aprobar facturas con reparos sin expediente y previa fiscalización del gasto así como de fraccionar contratos o «darles aparencia de legalidad» en el caso que instruye el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela, en el que han sido imputados hasta nueve concejales y exediles populares. La ronda de declaraciones que comenzó el lunes con la asistencia, entre otros de la presidenta local del PP, Pepa Ferrando, continuó ayer con los exediles Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez así como el concejal José Antonio Aniorte quien a su salida del juzgado dijo que «jamás he hecho una obra que los técnicos no me dijeran que estaba por hacer».

Tanto Aniorte como Rodríguez Murcia y Sánchez defendieron que todas las facturas y contratos que aprobaron en las juntas de gobierno entre los años 2007 y 2008 que denunció la exportavoz del PSOE, Antonia Moreno, «tienen el visto bueno de los técnicos y cumplieron con todos los trámites legales» por lo que no comprenden su paso por los juzgados «cuando todos los ayuntamientos de España aprueban facturas con reparos porque es algo normal», dijo Sánchez. En este sentido volvieron a arremeter contra el PSOE por «judicializar» la política algo que consideraron que «no es bueno para la imagen de Orihuela, conocida como la cuna de la corrupción» y consideraron que esto solo es una forma de venganza porque «tuvimos más votos que ellos».

El primero en declarar ayer fue el exedil Rodríguez Murcia quien se defendió del supuesto fraccionamiento de contratos en la adjudicación de la instalación de alumbrado público en seis barrios y pedanías de Orihuela y que ascendían a más de 288.000 euros. El exconcejal dijo que «siempre hemos hecho contratos diferentes para pedanías que son diferentes, tanto para el alumbrado como para otro tipo de infraestructura». En este sentido dijo que estas obras se realizaban «cuando era necesario» en cada partida «por lo que son alumbrados totalmente autónomos con su memorias e informes que tienen el visto bueno de los técnicos». Además hizo hincapié en que el equipo de gobierno actual (Los Verdes y PSOE) «ha seguido haciendo esto de la misma manera, donde hace falta un alumbrado va y lo hace».

En la ignorancia

Mientras que Rodríguez Murcia especificó y era consciente de los contratos por los que estaba imputado, el exedil Sánchez aseguró a su salida tras declarar ante la jueza y el fiscal que en su caso «nadie sabe las facturas que me han traído hasta aquí». Pese a que el auto y hasta él mismo señalan que ha sido imputado por tres expedientes de la Concejalía de Medio Ambiente con facturas que ascienden a las cantidades de 10.000 euros y 46.000 (uno de ellos), aseguró que no sabía el concepto de los mismos. «Es curioso pero ni ellos, ni yo sabemos de qué son». Aún así, Sánchez indicó que todas las facturas contaban con el visto bueno de los técnicos y habían sido tramitadas correctamente pero que tenían reparos del interventor lo que calificó de que era «normal y habitual».

Por su parte, el concejal José Antonio Aniorte que ha sido imputado por aprobar con reparos facturas que suman cientos miles de euros y en su mayoría son en favor de Colsur -empresa de Ángel Fenoll- así como por supuestamente fraccionar contratos para el asfaltado e instalación de parques infantiles en la costa, dijo que lo único que ha hecho desde que está en política «es trabajar de día y noche». También explicó que tiene la conciencia «tranquila» porque siempre ha seguido las pautas de los técnicos municipales.