Las alegaciones de la adjudicataria del Plan Zonal de la Vega Baja, la UTE Cespa-Ortiz, en contra de la rescisión del multimillonario contrato de la gestión de las basuras (250.000 toneladas a través de un contrato de 240 millones por 20 años) están siendo analizadas con lupa por el Consorcio de Residuos comarcal, que se pronunciará en un plazo aproximado de un mes, según detallaron ayer fuentes conocedoras de este asunto. INFORMACIÓN ha tenido acceso al escrito registrado el 14 de octubre por la concesionaria en el que rebate los incumplimientos contractuales que se le achacan para intentar arrebatarle la concesión. Estos son sus principales argumentos:
No dispone de los terrenos porque han pasado siete años
La adjudicataria del Plan Zonal considera que la disponibilidad de terrenos en los que construir las instalaciones para gestionar residuos no era un requisito obligatorio para presentar ofertas al concurso público porque además en el pliego de cláusulas administrativas se reconocía el derecho de instar a la administración la expropiación forzosa de dichas parcelas. No obstante la UTE recuerda que sí suscribió opciones de compra con los propietarios de los terrenos de Albatera para el macrovertedero y las aportó en su oferta en 2007, pero debido al tiempo transcurrido hasta que se realizó la adjudicación en 2013, dichas opciones de compra caducaron. En cuanto a los terrenos de Cox, donde iba a construir la planta de transferencia de basuras, Cespa-Ortiz ha aportado pruebas de que negoció con los propietarios de tres parcelas del polígono Virgen del Carmen que a última hora rechazaron alquilarle los terrenos. Expone que pidió en tres ocasiones al Consorcio y al Consell que ejecutara las expropiaciones necesarias, pero no obtuvo respuesta.
Albatera y Cox han boicoteado el proceso
La UTE expone que los Ayuntamientos de Albatera y Cox, con posterioridad a la adjudicación del contrato, aprobaron modificaciones del PGOU con la intención de impedir la implantación del macrovertedero y la planta de transferencia. Esto dio lugar a que se le denegara la compatibilidad urbanística con respecto a las citadas instalaciones, mientras que la Diputación y la Generalitat adoptaron una actitud pasiva y no hicieron nada para impedirlo. Debido a las dificultades para poner en funcionamiento la planta de Cox, que tenía que empezar a operar seis meses después de la firma del contrato, la UTE solicitó por escrito al Consorcio «la suspensión de los plazos» para su implantación el 2 de diciembre de 2013, pero el Consorcio ni siquiera contestó y eso es algo que nunca se dice, según la adjudicataria.
La presidenta impidió la solución transitoria «parcial»
Cespa-Ortiz esgrime que presentó dentro de los plazos establecidos el plan de trabajo para implantar la solución transitoria; es decir, un plan para gestionar la eliminación de los residuos en distintos vertederos de la provincia que se ejecutaría hasta que se construyera la planta de Albatera y en un plazo de seis meses a contar desde la firma del contrato.
La UTE asegura que lo aportó el 29 de octubre y pidió que se pusiera en marcha de forma «parcial» aunque no estuviera la planta de transferencia de Cox. «Si la UTE no ha podido iniciar la solución transitoria es debido a que el 10 de diciembre de 2013 la presidenta del Consorcio dictó un decreto para impedir» que empezara a funcionar. Sin embargo, recoge la UTE, el Consorcio sí ha autorizado a los municipios a que lleven sus basuras a los vertederos propuestos por la UTE a través de acuerdos adoptados al margen del contrato, algo que le está causando perjuicios económicos. «Se está ejecutando la solución transitoria pero privando improcedentemente a la UTE de la retribución económica prevista en el contrato con la excusa de que el plan de trabajo debe aprobarse expresamente por el Consorcio, lo que resulta del todo improcedente».
Ajusta de precios y ecoparques
La adjudicataria del Plan Zonal cree que durante estos meses ha trabajado para cumplir el contrato mientras que el Consorcio no ha atendido a sus demandas. Especifica que instó a que se aprobara una actualización de los precios previstos tanto antes como después de firmar el contrato, debido al tiempo transcurrido entre la presentación de la oferta y la adjudicación, mientras el Consorcio nunca dictó ninguna resolución al respecto.
También señala que presentó hasta tres escritos pidiendo al Consorcio que gestionara con los Ayuntamientos la cesión de terrenos para habilitar los ecoparques, pero que ni se hizo la gestión ni se ha contestó a esa petición. De igual forma, indica que el Consorcio no incluyó en su presupuesto de 2013 y 2014 lo necesario para pagar al contratista el canon para las actividades de la solución transitoria a pesar de que se pidió. Esgrime que el Consorcio no designó un responsable para la implementación del contrato, algo que está previsto en las cláusulas administrativas y eso es algo que evidencia la «falta de voluntad del Consorcio» para que el contrato pueda ejecutarse en los términos previstos.
Incumplimiento inexistente
La UTE valora que «si la administración quiere desistir del contrato por la oposición vecinal, por razones políticas o por lo que fuere, debe decirlo abiertamente y con valentía, asumiendo las consecuencias que el ordenamiento jurídico establece para los supuestos de desistimiento. Lo que no resulta inadmisible es pretender camuflar un caso claro de desistimiento bajo el manto de una artificiosa construcción de un incumplimiento del contratista, inexistente en realidad».
«Desistimiento camuflado»
La UTE cree que las actuaciones llevadas a cabo por la administración evidencian que su verdadera intención era desligarse del contrato porque «ya no le interesa la obra y la prestación del servicio en los términos proyectados, por lo que pretende llegar a un «desistimiento camuflado» sin tener que abonar ninguna compensación, algo «de todo punto reprochable en una administración».
