El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas negó ayer la mayor: la existencia de un edicto para la creación de bases de datos con información sobre antecedentes, etnia y vida sexual para hacer las fichas de los demandantes de asistencia social, pese a que así se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del 18 de agosto y denunció el martes la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel. Un día después de que INFORMACIÓN solicitara explicaciones al equipo de gobierno que encabeza Ángel Sáez (PP), éste hizo público un comunicado en el que afirma que «están obligados a crear ficheros de carácter personal y proceder a la publicación del grado y características de la protección de los datos privados y sensibles de dichos ficheros y proceder a la publicación del grado y características de la protección de los datos privados y sensibles de dichos ficheros (...) Lo que significa que no se pregunta a ningún solicitante de ayudas en Servicios Sociales aspectos como etnia, ni condición sexual, ni color de piel ni ninguna otra circunstancia similar, ni ello es condicionante para el acceso a ningún tipo de ayuda o intervención de Servicios Sociales».

En relación al hecho de que la asociación critique el que este edicto no pasase por pleno, el Ayuntamiento dice que sí se aprobó y por unanimidad de todos los grupos políticos el 31 de julio, siendo publicado por edicto de fecha 18 de agosto (el del BOE es otro, del 7 de agosto). Dichos ficheros, asegura, «tienen que remitirse a la Agencia Española de Protección de Datos, así como precisamente la estructura de protección de los datos que pueden ser incorporados en dichos ficheros, precisamente para determinar que el tratamiento de datos como los étnicos, sexuales y de antecedentes penales, por ejemplo, sean precisamente los más protegidos que puedan existir». La cuestión que no aclara el Ayuntamiento es para qué los necesita. Y añaden que «ni el alcalde ha firmado ninguna orden para que se recojan datos de esta naturaleza para la tramitación de ayudas en Servicios Sociales ni existe formulario alguno a rellenar por los solicitantes de ayudas sociales, en los que tenga que ponerse información como esa».

El Ayuntamiento también ataca a la asociación vecinal que denunció estos hechos, asegurando que «es absolutamente falsa y carente de cualquier motivación», al tiempo que asegura que está estudiando con sus servicios jurídicos la adopción de medidas.