El grupo municipal popular de Orihuela, con el respaldo de CLr-Claro, se sacó ayer un as de la manga para evitar debatir en el pleno de hoy una iniciativa de la concejala no adscrita, Asun Mayoral, que impulsaba el rechazo de la Corporación a listas electorales que incluyeran a imputados por corrupción. Para ello aprobó ayer una enmienda a la totalidad que tumba el debatir a nivel local esta iniciativa; es decir, a que tenga aplicación directa la decisión en los mismos grupos que hoy conforman el Ayuntamiento (PSOE, PP, Los Verdes y CLr-Claro). Se da la circunstancia de que el grupo popular tiene en sus filas a varios ediles investigados por delitos de supuesta corrupción política, algo que incluye desde la portavoz, Mónica Lorente, a la también presidenta, Pepa Ferrando, y al concejal que ayer mismo tuvo que salir a dar explicaciones: David Costa, quien continúa imputado por el Plan Zonal de la Vega, una de las piezas del Brugal. La decisión de ayer les evitará así la incómoda situación que supondría pronunciarse hoy sobre una moción que les afecta de lleno. La enmienda se aprobó en comisión con el apoyo de PP y CL-Claro quedando ya sin sustancia pues ahora dice que se «insta a cambiar la legislación en un gran Pacto de Estado» para marcar, legalmente, la línea roja de la corrupción.

Sin embargo, llama la atención la decisión de los populares cuando fue la propia dirección del partido quien obligó a la alcaldesa de Alicante, Mónica Castedo y a su grupo municipal a votar a favor de esta misma moción estando la regidora imputada, un texto que también apoyó el Partido Popular de Benidorm en bloque en el pleno del pasado lunes, pero que no se secundará en Orihuela.

Los populares oriolanos se desmarcarán de esta postura del partido a nivel autonómico -la famosa línea roja de Fabra- y lo hicieron con una excusa porque, dijo el concejal, entienden que que «la ley no contempla en el Código Penal el delito de corrupción por lo que le pedimos a la señora Mayoral que sea más concreta en cuanto a qué delitos se refiere a la hora de presentar esta moción» y continuación explicó que «somos los primeros interesados en erradicar la corrupción, pero debe ser la ley la que marque los límites, porque también somos los primeros interesados en salvaguardar los derechos de los concejales, como son la presunción de inocencia y el libre derecho a concurrir en las listas».

Asimismo, Costa manifestó que consideran en otro orden de cosas -y aquí sí parecen coincidir con la postura de su partido- «que la lista más votada debe ser la que opte a la Alcaldía» para garantizar que se cumpla con el deseo de la mayoría.

Reprobación y vecinos

Por otra parte, el grupo popular no llevará a pleno la reprobación al equipo de gobierno que anunció la semana pasada, y en su lugar sí se hará eco de una petición que le elevó la recientemente creada Federación de Asociaciones de Vecinos de Orihuela Costa, que les solicitó debatir en la sesión un reparto presupuestario acorde a la aportación que cada núcleo urbano aporta a las arcas municipales, y que ellos cifran en el 60% en el caso del litoral. Costa apuntó que exigirá que se destine el 40% de los 4,6 millones que el Consistorio prevé realizar en inversiones la costa y que se no descuente los 900.000 euros del Centro Social de La Aparecida de la cantidad total, como se ha hecho. Ayer un portavoz de la Asociación de Vecinos reiteró que siguen teniendo la mano a todos los grupos que quieran escucharles, no sólo al Partido Popular.