El Ayuntamiento de Bigastro, presidido por Charo Bañuls (PP), ha abierto una investigación para esclarecer la entrega de un talón al portador por valor de 15.000 euros cuya única justificación en los apuntes contables del Ayuntamiento indica «asesoramiento jurídico». El cobro de ese cheque se realizó en julio de 2008, siendo tesorero el actual portavoz de la oposición, Raúl Valerio Medina (PSOE).
Según dijo ayer Bañuls, en el consistorio no existen facturas ni justificantes que expliquen ese elevado gasto que se suma a los más de 3.000 euros que pagaba mensualmente durante esa legislatura (2007-2011) el Ayuntamiento a un gabinete jurídico. La regidora dijo que aunque el pago se realizó tres meses antes de la detención y posterior dimisión del exalcalde José Joaquín Moya (PSOE), se debe esclarecer «si ese dinero acabó sirviendo para costear su defensa jurídica».
Los pagos que se realizaron a un gabinete jurídico durante la anterior legislatura, con Moya como alcalde durante un año y Raúl Valerio Medina durante los tres años siguientes, está siendo investigada por los juzgados a raíz de una querella registrada por el Partido Popular en 2011 en la que alertaba que no se había tramitado el necesario concurso público que avalara los pagos y al considerar que se estaba perjudicando a las arcas municipales. La juez que instruye el caso ha llamado a declarar a los dos exregidores en calidad de querellamos el próximo 9 de junio.
