El fiscal Anticorrupción Pablo Romero ha instado la apertura de juicio oral contra cuatro ediles del PP de la anterior corporación: Antonio Rodríguez Barberá, José Antonio Aniorte, Manuel Abadía y Antonio Rodríguez Murcia por un delito de prevaricación administrativa por el cual solicita la inhabilitación para cargo de ellos de todos ellos por 12 años y seis meses.
La causa tuvo su origen en una denuncia de la socialista Antonia Moreno sobre los fraccionamientos de contratos millonarios que se autorizaron por el Ayuntamiento la pasada legislatura y que en muchos casos beneficiaron a empresas de Ángel Fenoll, el principal imputado en el caso Brugal que investiga entre otros asuntos las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de la basura en Orihuela y del Plan Zonal a la UTE Cespa- Ortiz en lo que está considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la provincia de Alicante.
La imputación de todos ellos se debe a que propusieron el pago de facturas o presidieron las juntas en las que se aprobaron un año después de llegar Mónica Lorente al poder, en 2007. Las facturas objeto del proceso se pagaron con reparos de la intervención; es decir, no había previsión presupuestaria para hacerlo pero como eran trabajos realizados había que proceder a ello. En su relato, el fiscal Romero enumera decenas de facturas que contabilizan más de 2,5 millones de euros pagados en sucesivas juntas de gobierno. Pero no sólo hay facturas de limpieza de Fenoll, sino trabajos de otro tipo encargados por tres de los ediles -pues Rodríguez Barberá era el presidente habitual- entre los que hay desde asfaltado a pavimentación o alumbrado, El representante del Ministerio Público se despacha en su escrito con frases como «el procedimiento que el acusado seleccionó a fin de proponer la adjudicación de los servicios (...) no sólo era absolutamente inadecuado, a la vista del importe total de las obras, sino que además no concurría ninguno de los supuestos para dicho tipo de tramitación». De los cuatro ediles para los cuales se solicita la apertura de juicio dos ya no están en activo: Rodríguez Murcia y Abadía, mientras que Rodríguez Barberá no sólo continúa en el grupo popular sino que aspira a seguir en activo mientras que Aniorte se encuentra entre los expulsados hace un mes por negarse a votar una moción contra las listas sin imputados por corrupción.=
