El último informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, de diciembre de 2014, ha detectado hasta 13 irregularidades en la gestión de los fondos públicos del Ayuntamiento de Orihuela en los ejercicios 2012 a 2014; es decir, en esta legislatura. Desde hace meses, el equipo de gobierno y, en especial, la edil de Hacienda, Carolina Gracia (PSOE) se escudan precisamente en el cambio que está experimentándose en el área económica municipal para hacer «de una vez por todas las cosas como hay que hacerlas», lo que ha terminado por colocar a un buen número de colectivos ciudadanos -desde Dinoco a los Moros y Cristianos- enfrentados al equipo de gobierno porque no cobran las ayudas y subvenciones prometidas.
La situación es tan grave que en julio el bipartito (PSOE y Los Verdes) nombró a otro tesorero, «fichado» de otro Ayuntamiento y vendido como la panacea a todos los males, para aclarar de una vez las cuentas y éste se ha marchado el 31 de enero, y en su lugar se ha colocado a una graduada social «con experiencia», según un portavoz municipal. Y entre uno y otro regresó al puesto la titular -Cristina Serrano- que estuvo tres días y antes, en julio, se había despedido a un funcionario -con cualificación de administrativo- que desde hacía más de dos décadas (desde el 1 de julio de 1992) asumía el cargo de forma interina. A falta de dos meses para la conclusión de la legislatura parece difícil que el equipo de gobierno, que se negó a presentar presupuestos este 2015 y que sólo ha elaborado como propios los de 2012, vaya a solucionar algunos de los problemas que prometió hacer en esta legislatura. Curiosamente el informe de la Sindicatura comete un error porque da por hecho que en esta plaza está a día de hoy la titular y eso es falso pues Serrano se fue por lo que, de hecho, esta irregularidad tendría que haber sido también incluida y ser, finalmente, 14 y no 13 las que figuran en el informe.
De hecho, algunas de las denuncias de la oposición -Partido Popular- son objeto de cita en el citado informe, como que no se haya aprobado el reglamento orgánico municipal de gobierno y de administración. Además, como se recordará, hasta abril, uno de los puestos de mayor importancia en cualquier corporación, como la intervención, estuvo ocupado por un interino, que lo hacía desde mayo de 2006; es decir, ocho años.
Cuentas generales
El incumplimiento de plazos para la presentación de información es una constante en el sesudo informe que destaca que las cuentas generales de 2010 y 2011 no se aprobaran hasta 2014 sin ajustarse al plazo. En cambio, las de 2012 se han facilitado antes aunque sin figurar ni la memoria justificativa del coste ni el rendimiento de los servicios públicos, ni tampoco la memoria que diga en qué grado se han cumplido los objetivos programados. El informe en muchos aspectos es demoledor. Recuerda que tampoco se ha aprobado por la Alcaldía el presupuesto de 2012, junto con el informe que hizo la Intervención de 2013, ni se tiene constancia de que haya pasado por pleno los estados consolidados de cuentas. El hecho de que el equipo de gobierno esté en minoría -prácticamente dos tercios de esta legislatura- tendría mucha culpa de todo ello. El informe detalla que el decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto de 2012 no se ajusta a la ley y sólo es un resumen de los conceptos más importantes que se han obtenido y la Sindicatura dice que hay diferencias entre los datos del decreto y los estados facilitados por la Intervención.
La Sindicatura también detecta irregularidades en el inventario de bienes, porque no se recogen todos de forma individualizada; o dice que se deben informar al pleno de los movimientos de tesorería en los plazos y periodicidad que se establezca; o que la intervención tiene que hacer lo mismo con las bases de ejecución del presupuesto... y todo ello son incumplimientos que tilda de «relevantes» sin que «se tenga constancia de las razones por las que Intervención no ha cumplido». También critica que no se haya enviado informes al Ministerio de Hacienda sobre ejecución de presupuestos. De las fiscalizaciones también señala que no se documentan por la Intervención ni abarcan el control de la legalidad, y suma 35 reparos realizados entre 2012 (31) y 2013 (4). La suma es de 2,6 millones el primer año y 541.311 euros, el segundo.
En otro orden de cosas, la secretaria del Ayuntamiento de Rafal, Mari Nieves Rubio, se incorporará al de Orihuela como vicesecretaria. Como se recordará, la fedataria ha acabado a denuncias cruzadas contra el alcalde de este municipio, Manuel Pineda. También se confirmó ayer que Fernando Domínguez será el nuevo oficial mayor tras abandonar la Diputación.
