La mitad de los regantes de la comarca llevan al juez la venta de agua del Segura

Los regantes, indignados con este acuerdo, acudirán al contencioso administrativo e incluso no descartan otras vías judiciales en el caso más que probable que sus alegaciones al expediente no tengan éxito. La CHS quiere dar el visto bueno a la venta -en torno a 12 hectómetros- pese a las grandes dificultades técnicas que presenta la cuantificación, sobre el terreno, del agua que debe dejar de pasar por el río Segura para distribuirse a los regadíos que nacieron al amparo del Trasvase sobre el secano a principios de los ochenta. Obstáculos que, según fuentes consultadas por este diario, se expresan con mucha claridad en los informes de la CHS para este caso.

«Con dinero no regamos, regamos con agua, que es un bien común, es de todos», subrayó Carlos Barrera, quien cuenta con un plazo de cinco días para presentar las alegaciones. Explicó que los responsables del Juzgado de Orihuela, sin contar, en su opinión, con la valoración sus regantes, se pliega a los intereses del SCRATS que «es muy poderoso» porque representa a los propietarios de más de 170.000 hectáreas de cultivo, distribuidas entre Murcia, Almería y Alicante.

Irreversible

«No es una venta temporal, es algo para siempre e irreversible», advirtió el juez de Aguas quien intenta concienciar de que la iniciativa acaba con una forma de distribución de las aguas secular en la Vega Baja, en la que los recursos hídricos se utilizan de forma equitativa. Barrera insistió en que con este precedente de venta de agua los regantes del Segura, una zona, como otras tantas del sureste español, deficitaria en agua, no pueden reivindicar un agua de calidad mientras se la venden a otros, además de cuestionar que se haya decretado la situación de sequía, cuando en la cuenca del Segura sí existen recursos suficientes. Estas ocho entidades pretenden unirse bajo el paraguas de una única entidad de usuarios del agua del Segura para defender con mayor eficacia sus intereses.

El Juzgado de Aguas de Orihuela recibirá en torno a 1 millón de euros por la venta -el SCRATS pagará el agua como la que recibe del Tajo a 0,12 euros el metro cúbico- y argumenta la cesión en motivos solidarios, además de asegurar que es puntual. El acuerdo surge por el excedente de ese agua que corresponde al riego tradicional y está embalsada en La Pedrera.

Por su parte, el excomisario de la CHS, Manuel Aldeguer, explicó que esta cesión es un precedente «muy peligroso». No tanto, dijo, por el pacto puntual, sino por el hecho de que se constituya como algo habitual porque los caudales procedentes del Tajo, desde ahora, siempre van a ser insuficientes. Aldeguer advirtió además que ya hay un acuerdo de venta de agua en el juzgado y que los informes de los técnicos podrían alertar de las grandes dificultades para determinar el volumen de agua que se cede dado que los ocho azudes -tomas de agua directas del río- a lo largo de la Vega Baja carecen, como avanzó INFORMACIÓN, de un sistema de medición de entrada y salida de recursos al regadío tradicional. Esa medición se realiza de forma tradicional, por el tiempo durante el cual está abierta la toma y la altura del caudal. Un método secular que se remonta a la época islámica. Hasta ahora no era necesario otro. Para Aldeguer el SCRATS pretende con estos acuerdos de venta, «salvar los muebles» ante su falta de oposición a la regulación del trasvase, impuesta por Castilla La Macha, que rebaja los caudales que se puede hacer llegar a la cuenca del Segura.

De esa regulación se deriva ahora un decreto de sequía, a juicio de Aldeguer, «irreal» para avala, entre otras medidas, esta venta de agua, cuando los embalses del Segura cuentan con casi 600 hectómetros. Como ejemplo, la misma fuente indicó que otras situaciones de sequía real se han determinado con 120 hectómetros en esos mismos embalses.