Han transcurrido ya casi ocho meses desde que cuatro viviendas de Callosa de Segura fueron desalojadas por riesgo de derrumbedesalojadas por riesgo de derrumbe. Los afectados continúan fuera de sus domicilios y por ahora no han recibido ninguna solución. El Ayuntamiento sigue negociando con la empresa aseguradora para calcular los daños registrados en los inmuebles y también en el vial, que ha sufrido un hundimiento como consecuencia de las fugas de agua de la red subterránea. Esa es la causa por la que se ha reblandecido el terreno, provocando daños estructurales a las casas.
El alcalde de la localidad, Fran Maciá, explicó ayer que se ha solicitado un segundo informe pericial a petición de los vecinos afectados. Recordó que la compañía de seguros del Ayuntamiento realizó una peritación y propuesta de indemnización que trasladó a los propietarios el 13 de mayo, pero dos de los tres afectados solicitaron un nuevo examen pericial antes de cerrar la tramitación del expediente patrimonial. El tercer propietario no reclamó y se declaró conforme con la valoración realizada.
Nueva peritación
La nueva peritación la está realizando un experto en daños estructurales dada la naturaleza del siniestro. Por parte de la compañía de seguros, y debido a las divergencias surgidas respecto a los criterios técnicos de valoración y la exposición de causas y origen de los daños, se ha designado un gabinete pericial experto en daños estructurales para la emisión de esa nueva opinión que complete a las ya existentes. En este momento se está a la espera de ese nuevo informe para poder cerrar el expediente patrimonial, que se plantea debe estar listo en un plazo de 15 días.
Cabe recordar que la compañía aseguradora del Ayuntamiento asumió el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, que determinó que era el consistorio, y por ende su seguro, el que debía asumir la responsabilidad patrimonial por estos hechos, aunque las filtraciones de agua que provocaron los daños fueron producidas por conductos de la empresa Aqualia -que es la concesionaria del servicio en Callosa-, y de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, cuya tubería discurría bajo esta calle.
Maciá recordó que la Mancomunidad, a petición del Ayuntamiento, dejó fuera de servicio el tramo de la calle Salitre para poder actuar en la zona de afección de las casas. Para ello se realizaron obras para desviar la tubería y se vació el tramo, unos trabajos que concluyeron el pasado mes de abril. Por su parte, Aqualia ha certificado ahora que no se han producido más fugas de agua.
Durante el mes pasado los responsables municipales mantuvieron reuniones con las direcciones generales de Vivienda, Carreteras, Agua y Medio Ambiente de la Generalitat para programar el plan conjunto de actuación, donde se ha se está recabando la opinión del experto en daños estructurales de la compañía de seguros, de otro experto independiente y de técnicos de la Consellería de Vivienda para la evaluación de la actuación en la calle.
Ayudas a la rehabilitación
De igual modo, y en contacto con la Generalitat, «se está trabajando para incluir la zona como proyecto de rehabilitación de vivienda para que los propietarios se puedan acoger a un plan de ayudas en la rehabilitación de sus casas», explicó el primer edil. Maciá añadió que el gobierno local está a la espera de ser recibido en la Diputación para poder plantear una obra de emergencia por si fuera necesario reforzar la calzada.
En total son tres familias que las que se vieron obligadas a recoger algunas de sus pertenencias personales y marcharse hace ya 32 semanas. Los técnicos aconsejaron esta opción después de comprobar que en las viviendas habían aparecido grandes grietas y además experimentaban diferentes grados de inclinación, por lo que fueron apuntaladas.
El vial, que era una de las principales vías de salida del municipio en dirección a Orihuela por la CV-900 fue cerrado al tráfico para impedir que las vibraciones de los vehículos pudieran agrandar los daños. Finalmente se optó por colocar señales de prohibido circular y se clausuró la carretera.
