Es la última opción y la más radical pero la situación casi ruinosa de la Casa y Torre de Los Balcones puede justificarla, según el Ayuntamiento. La Concejalía de Urbanismo de Torrevieja ha solicitado un informe a los técnicos sobre la posibilidad de expropiar a la propietaria para garantizar la conservación del edificio protegido edificio protegido, con el argumento jurídico, recogido en la legislación urbanística valenciana, de que los propietarios han desatendido su deber de conservar el bien catalogado. La espectacular casa solariega está situada en el acceso a Los Balcones desde la CV-95 y presenta desde hace más de una década un estado lamentable. El expediente para reclamar a los titulares de la finca que actúen es de 2011.
La posibilidad de expropiar aparece en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) aprobada en 2014 por el anterior Consell. El artículo dice que la «pérdida o destrucción un edificio catalogado, mediando el incumplimiento del deber normal de conservación, determinará la expropiación del inmueble». La ejecución de ese artículo indica que la propiedad que pasaría a manos públicas sería el 50% del suelo urbanizable.
No va a ser nada fácil aplicar este artículo de la legislación, sobre todo porque la empresa pleitea en los tribunales para lograr la declaración de ruina del edificio, que conlleva su derribo y su aprovechamiento urbanístico-pese a que es una situación propiciada por el propio dueño de la casa-. Esa actuación judicial también trata de evitar el gasto en la restauración que supera los 700.000 euros y que además evitaría un futuro aprovechamiento residencial de la fina.
Un juzgado aceptó en febrero de 2015 las medidas cautelares solicitadas por empresa propietaria de la Casa y Torre de Los Balcones para no cumplir la orden del Ayuntamiento de restaurar y rehabilitar de forma definitiva este edificio protegido en el PGOU. Todo hasta el juzgado de lo Contencioso que resuelva si hay que restaurar o declarar la ruina.
El Ayuntamiento, con varios decretos del anterior alcalde y del actual, que incluyen el pago de multas por el incumplimiento, lleva reclamando desde principios de 2013 a los dueños de la finca que realicen, por una parte, obras de urgencia para que el edificio no se desplome, que solo ha cumplido de forma muy parcial, para eliminar la situación de peligrosidad y una actuación definitiva de restauración en profundidad, con un coste estimado de casi 700.000 euros, que es la que han logrado evitar por vía judicial. El Ayuntamiento abrió un expediente de peligrosidad en 2008, pero solo actuó en 2011, tras un informe del Defensor del Pueblo en el que cuestionaba la pasividad municipal en esta materia.
Cubierta abajo
Desde entonces los técnicos, entre incumplimientos y demoras, solo han logrado que la firma,, realice la limpieza de la finca y algunas obras de consolidación exterior del inmueble, sin ajustarse al decreto municipal de peligrosidad y buena parte de la cubierta del edificio se vino abajo en julio de 2014.
Esas medidas de urgencia están valoradas en 51.000 euros. La finca, con gran valor inmobiliario, está ubicada en un espacio privilegiado de Torrevieja, que mira a las salinas, y frente a un hotel de cuatro estrellas.
