El intendente principal de la Policía Local de Torrevieja, Vicente Gutiérrez, y el intendente, Alejandro Morer, han anunciado la presentación de una querella por presunta falsedad en documento público y prevaricación contra el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) y la concejal Fanny Serrano. La acción judicial se basa en que el alcalde y la primera teniente de alcalde no notificaron a estos mandos un procedimiento contencioso administrativo en el que ambos eran señalados directamente de acoso laboral por parte de un agente. El juzgado ha ratificado la condena al Ayuntamiento, y el equipo de gobierno ha iniciado un expediente disciplinario por infracción grave contra ambos. Los jefes policiales, que son los principales responsables de la plantilla de 165 agentes, han puesto en manos del abogado de la Asociación de Jefes de Policía Local de la Provincia de Alicante, José Pedro González Rubio, las medidas judiciales. El equipo de gobierno, tras ser consultado por INFORMACIÓN, no se pronunció.
El letrado explica en una nota de prensa que la legislación obliga a la Corporación, en este tipo de procedimientos a emplazar a cuantos aparezcan como interesados, concediéndoles un plazo para puedan personarse con abogado en calidad de demandados junto a la Corporación, y ejercitar su propia defensa, algo que no se hizo. Los intendentes «no solo tenían la cualidad de interesados, sino de afectados directa y personalmente ya que se les citaba por nombre y apellidos, por lo que no existe duda de que el Ayuntamiento debería haberlos emplazado para que pudieran personarse y darles la oportunidad de defenderse».
La misma fuente añade que el alcalde comunicó al juzgado que «no existían interesados» a los que emplazar, de ahí que «se cometiera un presunta falsedad en documento público por faltar a la verdad ante el juzgado». Según mantienen los agentes, a través de su letrado, tampoco fueron posteriormente citados a la vista del juicio, ni el abogado del Ayuntamiento les preguntó «si disponían de elementos de prueba con los que defenderse para contrarrestar y desmontar la versión del demandante». Siempre según la misma fuente «no hay que olvidar que cuando la demanda llegó al Ayuntamiento ya estaba la actual Corporación gobernando».
Para González Rubio «resulta sorprendente» que ahora se les expediente a los mandos, en base a los hechos de una sentencia dictada en un procedimiento en el que no se les ha permitido intervenir. «Carece de explicación lógica que se le negara la condición de interesados en el procedimiento en el que se discutía un acoso laboral». «Si son expedientados ahora, también tenían la condición de interesados entonces», subraya. Además agrega que el alcalde conocía esta circunstancia «y la concejal también», y, a su juicio, habrá que determinar si la junta de gobierno fue correctamente informada de todos estos extremos, a la hora de aprobar el expediente.
Para el representante legal de los mandos «los indicios de un presunto delito falsedad documental y de prevaricación administrativa son evidentes» ya que la apertura de los expedientes disciplinarios tienen su base en un procedimiento en el que «se les ha impedido conscientemente a los mandos poder defenderse personándose en el procedimiento en un flagrante incumplimiento de la norma procesal».
El Ayuntamiento ha sido condenado a pagar una multa por no activar el protocolo de acoso laboral, pero «curiosamente no ha abierto expediente disciplinario alguno al funcionario responsable de poner en marcha dicho protocolo», como responsable de la gestión de los Recursos Humanos en la plantilla municipal lo que, en opinión del letrado de la asociación provincial, lo que «denota un agravio comparativo más con respecto a la apertura del expediente a los dos mandos».
