Los 47 vecinos que cotizaron a la Seguridad Social como jornaleros del Ayuntamiento no tenían contrato y nunca percibieron salarios por su supuesta actividad. Tampoco los reclamaron porque, en realidad, y según sostiene la acusación de la Tesorería General de la Seguridad Social, los dos exalcaldes, Joaquín Moya y Raúl Valerio Medina, junto con el secretario, Antonio Saseta, «promovieron que el Ayuntamiento simulara la contratación de personas declarándoles jornadas reales para que pudieran permanecer de alta» en el Régimen Especial Agrario.
El supuesto fraude se descubrió cuando llegó a la Alcaldía Charo Bañuls (PP) tras casi tres décadas de gobiernos socialistas. En junio de 2011 la nueva regidora recibió documentos remitidos desde el servicio de asesoría externo al Ayuntamiento, entre los que figuraba la relación de trabajadores. Le extrañó que una decena de mujeres estuviera dada de alta en el Régimen Especial Agrario. Buscó sus contratos y no existían. Tampoco sus nóminas. Ordenó entonces darlas de baja. Cuentan que fue un operario el que acabó confesándole lo que sucedía: se cotizaba a mujeres del municipio para que pudieran cobrar subsidios. La regidora puso este asunto en manos de la Fiscalía, lo que motivó un gran revuelo en el municipio. Muchos sospechaban lo que estaba pasando.
Poco después se confirmaron los indicios y el Ayuntamiento fue sancionado con una multa de 25.000 euros por simulación de relaciones laborales. La Seguridad Social bloqueó los periodos cotizados de forma fraudulenta.
Tras casi cuatro años de instrucción se ha decretado ahora la apertura de juicio y la acusación que ejerce la Tesorería General de la Seguridad Social estima que «gracias al ardid empleado por los acusados, y partiendo de la simulación de la actividad agrícola desarrollada por el Ayuntamiento de Bigastro, fingiendo los contratos y altas en la Seguridad Social de los supuestos trabajadores, los acusados trataban de dar apariencia de legalidad para que las personas ilegítimamente beneficiadas por estas torcidas maniobras permanecieran en el Régimen Especial Agrario, que exige un número mínimo de jornadas reales cotizadas al año y sin las cuales no es posible continuar en dicho Régimen», prosigue el escrito de acusación. Todo ello «a fin de acreditar periodos de carencia para acceder a todo tipo de prestaciones de la Seguridad Social, desde las no económicas, como la cobertura sanitaria, hasta las de carácter vitalicio, como la pensión de jubilación».
Los 47 vecinos, en su gran mayoría mujeres de avanzada edad, se enfrentan a tener que devolver lo que el Ayuntamiento les cotizó: 25.881,39 euros. Se les considera responsables subsidiarios.
