El esperado anuncio del Consell del inicio de los trámites para declarar Paisaje ProtegidoPaisaje Protegido al paraje natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor ha traído dos posiciones enfrentadas. Por una parte, la de los ecologistas, que ven así resueltas sus reiteradas reivindicaciones para dotar de mayor protección al mayor pulmón verde del sur de la provincia de Alicante. En el otro lado, los propietarios de los terrenos que quedarán dentro del futuro Parque Natural, quienes consideran que la Generalitat ha sacado a exposición pública el proyecto sin consensuarlo con ellos.
Para estos propietarios es «un atropello» que la orden especifique que durante la tramitación de estos planes no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible la consecución de ese plan, en un plazo de tres años. «El Consell puede incurrir en un ilícito penal, es una medida casi expropiatoria porque limita la actividad de los legítimos dueños de esos terrenos porque ahora estará a criterio de un técnico el autorizar un cambio de cultivo, una roturación, una instalación de riego o instalar una caseta de aperos, pero si hay que arreglar un camino sí que serán los dueños los que tengan que encargarse», señaló a INFORMACIÓN José Vicente Escudero, quien criticó que el Consell no haya previsto indemnizaciones para los propietarios que considera afectados, ya que estos ven el decreto como una expropiación de sus propias tierras y llegan a pedir que se les pague «por dejar que unos excursionistas pasen por sus propiedades». «Si va ser zona de servidumbre tendrán que indemnizar a los propietarios ya que es una medida confiscatoria».
Escudero es el abogado que representa los intereses de un total de 150 dueños de terrenos en Sierra Escalona, y que pertenecen a la Asociación de Propietarios Afectados por la declaración de Parque Natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor. Este letrado coordina a un equipo de abogados, entre los que se encuentran dos abogados del Estado con despachos en Madrid y Bruselas que el pasado viernes se reunieron con estos propietarios en el Casino de Orihuela para decidir las medidas que van a tomar. A la reunión acudieron 70 personas, entre los que se encuentran terratenientes, promotores y agricultores con intereses en este espacio natural en el que unos 250 propietarios son dueños de su superficie.
Exclusiones
«No sabemos qué criterio ha utilizado el Consell para delimitar la protección y el por qué unas fincas se han incluido y otras se han excluido, como es el caso del PAU 21 de Orihuela», indicó el abogado.
Si bien es cierto que en algún borrador hace años esa zona sí entraba dentro de la protección, ahora queda fuera ya que, a diferencia de otros terrenos, el conocido como proyecto urbanístico de Las Colinas es suelo urbano desde los años 90 y la Generalitat se podría haber visto abocada a pagar indemnizaciones millonarias por su inclusión en la zona protegida.
El entorno de Sierra Escalona tiene actualmente una triple protección: es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y está dentro de la Red Natura 2000. Según los técnicos que se han reunido con algunos de los promotores en Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas, las limitaciones que supone el decreto de Paisaje Protegido son las mismas que tienen hasta ahora por esas protecciones. Pero no todos lo ven así. «No estamos en contra de que se declare Parque Natural pero queremos que se protejan nuestros derechos y si no que expropien e indemnicen».
Los propietarios no están dispuestos a que el decreto de protección se apruebe tal y como se plantea. En su punto de mira el artículo 28 de la Ley de Protección del Medio Ambiente a la que se agarra la Generalitat para imponer medidas cautelares que impidan la alteración del medio físico durante un espacio de tres años, lo que para ellos supone «no poder plantar, ni roturar, ni poner goteo», por lo que van a presentar un contencioso administrativo contra esta medida, además de presentar alegaciones.
Querellas
Además, anuncian acciones judiciales, querellas criminales incluidas, contra el decreto de la Conselleria de Medio Ambiente que protege este paraje. «Está hecho sin estudio previo y sin dotación económica. Es una medida política para contentar a algunos y ha sido unilateral por parte de la Generalitat», señaló Escudero.
En este sentido los propietarios se quejan de que en la futura junta rectora del Parque Natural tanto ellos como las comunidades de regantes vayan a tener sólo dos votos de los 27 posibles. Este órgano gestor estará también compuesto por técnicos o sindicatos. «Nos sentimos discriminados», sentenció.
