El juzgado devuelve a la alcaldesa el dinero que pagó de su bolsillo
Teresa Martínez fue multada con una cuantía de 300 euros al mes por no pagar la deuda y llegó a abonar dos cuotas
La pesadilla que ha vivido la regidora de Daya Nueva parece llegar a su fin. La expropiación de unos terrenos por parte del Ayuntamiento en 2009, dos años antes de ser elegida alcaldesa, le ha perseguido cada día de su gestión en estos largos seis años. Tras salir la primera sentencia condenatoria, en 2015, los propietarios de los terrenos solicitaron que se impusieran multas coercitivas a la regidora hasta que ésta abonara la indemnización a la que había sido condenada la administración local. Una medida que el juez aprobó en marzo de 2016 y que sancionaba a Teresa Martínez a pagar 300 euros al mes por hacerla responsable del impago de 182.645 euros por la expropiación de un terreno que ni siquiera ordenó ella. Martínez, funcionaria de la Agencia Tributaria donde trabajaba todas las mañanas, no cobraba sueldo del Consistorio por lo que el dinero tenía que salir de su propio bolsillo. Llegó a pagar dos cuotas, 600 euros, pero tras recurrir esta medida el juzgado le ha dado la razón y ya le ha devuelto el dinero adelantado.
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Sueldo de alcaldesa
Teresa Martínez decidió el pasado mes de febrero dedicar más tiempo a su labor como regidora de Daya Nueva y el mes pasado empezó a cobrar su primer sueldo municipal desde que entró a gobernar en 2011. «Hay mucho trabajo aquí. Dejo aparcado mi trabajo de funcionaria, de momento. Al fin se va a solucionar el conflicto de la expropiación del que me hicieron pagar injustamente con unas multas que aboné con mi propio patrimonio, de mi sueldo de funcionaria, aunque ya me ha devuelto el dinero el juzgado», señaló a INFORMACIÓN.
Los propietarios pidieron hace unos meses que la regidora volviera a ser sancionada con multas coercitivas para obligarla a pagar la deuda que mantenía el Ayuntamiento con ellos. Finalmente, con el crédito ICO aprobado los dueños de los terrenos cobrarán en unos días la indemnización que estableció un juzgado, tras haberse negado en 2013 a acogerse a un plan de pagos de 3.000 euros al mes al no incluir intereses.
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