Hasta 300 familias de la provincia podrían verse beneficiadas por la decisión de la Generalitat de regularizar la ocupación de las viviendas públicas en las que residen, si esa entrada a la fuerza en la casas se produjo ante de julio de 2015. Es lo que anunció ayer en Torrevieja la Generalitat, que está informando a los ayuntamientos sobre las condiciones en los que se permitiría a esos vecinos seguir residiendo en las viviendas.
La mayor parte de esos pisos fueron ocupados durante lo peor de la crisis económica. Pisos del parque público de viviendas, que tenían como objetivo atender a la demanda de ciudadanos en situación de vulnerabilidad y que se encontraban vacíos y en algunos de los casos, sin ni siquiera haberse iniciado el proceso de adjudicación.
Al acceder al Consell, el actual gobierno autonómico se encontró que «la falta de una política activa de vivienda de gobiernos anteriores dio lugar» -a su juicio, a un aumento de ocupaciones ilegales en viviendas públicas con más de 300 casos a la provincia de Alicante.
La Conselleria de Vivienda, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), celebró ayer una jornada informativa con los alcaldes y representantes municipales de las localidades de la provincia en las que la Generalitat gestiona viviendas públicas para explicarles este proceso y los criterios que se han establecido para estudiar la regularización de las viviendas ocupadas sin título antes de julio de 2015. Este proceso está regulado en la resolución de la dirección general de Vivienda de fecha 4 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat el pasado 6 de abril.
Los ayuntamientos de la provincia de Alicante en los que hay viviendas públicas ocupadas sin título son Alcoy, Alicante, Almoradí, Aspe, El Campello, Castalla, Crevillent, Dolores, Elx, Elda, Ibi, Monforte del Cid, Monóvar, Novelda, Pinoso, Sax, Torrevieja, Villena y Xàbia. Los ayuntamientos más afectados son los de Alicante y Elche, con más de cien viviendas en esa situación en cada uno de los municipios. Entre los criterios objetivos necesarios para regularizar las ocupaciones destacan el cumplir con las condiciones para ser adjudicatario de una vivienda pública, acreditar una situación de vulnerabilidad y que la vivienda ocupada sea la residencia permanente de la familia antes de julio de 2015. Además, deberán asumir el pago del alquiler que le corresponda y los gastos de la comunidad y deberán permitir el acceso al inmueble a los técnicos de EIGE para comprobar las condiciones de habitabilidad. También se valorarán criterios subjetivos. Por ejemplo, los residentes pueden demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble y el arraigo en el barrio. Para ello, EIGE podrá recabar información de los servicios sociales municipales sobre la conveniencia de la adjudicación.
Conflictivas
La campaña de regularización comenzaba ayer en Torrevieja, y progresivamente se irá extendiendo a otros municipios de la Comunitat. La intención es evitar procedimientos de desahucio, aunque algunos representantes municipales advirtieron ayer que se arrastran situaciones conflictivas, con pisos que se utilizan para fines distintos a la residencia habitual, que no se van a poder regularizar con este procedimiento.
En referencia a los alquileres, fuentes de la Generalitat y del Ayuntamiento de Torrevieja indicaron que una vez que se compruebe que los solicitantes cumplen las condiciones, ese arrendamiento se adapta a las situaciones concretas. Por ejemplo, en estos momentos, para las situaciones de mayor vulnerabilidad, hay viviendas públicas concedidas por solo 7 euros mensuales.
La directora general de EIGE, Helena Beunza, aseguró ayer que para el Consell son «fundamentales» estas jornadas que se iniciaban en Torrevieja, y dijo que «la mejor manera de llevar a cabo nuestros compromisos en materia de gestión de vivienda pública es informar, clarificar, resolver dudas y aportar metodologías eficaces que nos permitan cumplir con nuestros compromisos».
