La Conselleria de Hacienda ha aprobado la adquisición del Palacio de Justicia de Orihuela, cuya construcción pagó el Ayuntamiento en 2005, para dejar de pagar el arrendamiento suscrito con consistorio oriolano por el uso de las instalaciones. El Consell ejercita así la opción de compra del inmueble prevista en el convenio que se firmó en 2017, y donde se incluía la cesión al consistorio oriolano del edificio de los antiguos juzgados. Hasta la fecha, la Generalitat ha abonado al Ayuntamiento 150.000 euros por el arrendamiento del Palacio de Justicia, desde la firma del convenio. Dinero que se va a restar del precio final de venta (4.766.532 euros), por lo que abonará un total de 4.616.532 euros, que fraccionará en cuatro pagos anuales, el primero de ellos se hará efectivo antes de final de este año.
Así, la Generalitat pagará hasta 2023 1.154.133 euros al año (en 2020, 2021, 2022 y 2023) al consistorio oriolano en el contrato de compra que tiene previsto firmar la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en los próximos días. Bravo tenía previsto viajar a la capital de la Vega Baja la próxima semana para hacer efectiva la compra del Palacio de Justicia, pero las medidas restrictivas impuestas por la Conselleria de Sanidad en la localidad durante 14 días, que limitan a seis personas las reuniones sociales, podrían retrasar la firma.
El equipo de gobierno de PP y Cs ya ha recibido la resolución de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que era el último trámite que restaba, para la adquisición del Palacio de Justicia de la plaza de Santa Lucía, un edificio de 1.484 metros cuadrados construidos. La aprobación la realiza Hacienda una vez ha recibido los informes tanto de la Dirección General de Presupuestos, como de la Abogacía de la Generalitat, remitidos ambos el pasado mes de julio, que concluyen que el precio estipulado en el convenio para el ejercicio de la opción de compra resulta admisible.
El Ayuntamiento de Orihuela aprobó a principios de año en una junta de gobierno la venta del Palacio de Justicia situado en la plaza de Santa Lucía, un inmueble que construyó para la Generalitat el consistorio oriolano en 2005 y que, por tanto, es de su propiedad. Tras años sin entenderse, ambas administraciones acordaron un convenio por el cual la Generalitat cedió al consistorio el edificio de los antiguos juzgados, situado en la calle Santa Justa, a pocos metros del Ayuntamiento, y por el que el ejecutivo valenciano abonaría a las arcas municipales un alquiler de 75.000 euros al año en concepto de alquiler con opción a compra por el nuevo Palacio de Justicia, que costó al Ayuntamiento de Orihuela seis millones de euros. El convenio era por cinco años y, a partir de ese momento, la Generalitat pasaría a abonar, durante cinco años más, 125.000 euros anuales de alquiler, si no ejercía su derecho a compra. Algo que, finalmente, va a hacer.
La Generalitat ya ha incluido en el capítulo VI del Proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana el pago correspondiente a este año por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. El contrato de compraventa directa por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela se llevará a cabo en las próximas semanas. El Ayuntamiento acepta en todos sus términos la propuesta enviada por el gobierno valenciano. Una vez sea el edificio de los juzgados de propiedad autonómica, la Generalitat tiene previsto llevar a cabo una ampliación, al haberse quedado pequeñas las actuales instalaciones.
Antiguos juzgados
El Ayuntamiento tiene previsto trasladar al edificio de los antiguos juzgados, que fue cedido por la Generalitat, distintas dependencias municipales y concejalías y dejar en el Palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento, la Alcaldía y algunos órganos municipales. Actualmente está en redacción el proyecto para licitar los trabajos de adecuación del inmueble, situado a escasos metros del consistorio.En octubre de 2019 se adjudicó la redacción del proyecto y la dirección de obra a una mercantil por un importe de 76.060,12 euros. Nada se sabe de este proyecto del que el equipo de gobierno debe acelerar para evitar el pago de alquileres de locales, como viene haciendo hasta ahora, para distintas dependencias municipales.
El PSOE criticó el pasado mes de agosto que el gobierno local mantenga sin ejecutar este proyecto. El proyecto de rehabilitación del edificio contiene espacios flexibles para poder adaptarse a distintos usos y además se incluía un área de administración y otra destinada a almacén, seis despachos, zona de atención al público, una sala de espera , salas de reuniones, sala multiusos (salón de actos y exposiciones), zona office para trabajadores, sala de prensa y jardines en los patios interiores, además se habilitaría la terraza para el uso ocasional de eventos.
