El PSOE cifra el sobrecoste de la gestión de Ribera Salud en 108 millonesTony Sevilla
El diputado provincial y secretario comarcal del PSPV-PSOE, Miguel López, dijo ayer que el modelo de gestión concesional del departamento de salud de Torrevieja suma un sobrecoste sobre el contrato inicial rubricado con la Generalitat Valenciana de 108 millones de euros que podría elevarse en 53 millones más si la empresa que gestiona el área gana su reclamación en este sentido en los juzgados. Lo dijo para rebatir el mensaje trasladado por la concesionaria, el PP y Cs sobre la eficiencia del actual modelo de colaboración público privada que la Generalitat va a liquidar en octubre de 2021. «Es un modelo privatizador que nos ha salido carísimo a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», aseguró el diputado.
López explicó que en la misma página de la auditoria de la Sindicatura de Cuentas que destaca esa eficiencia del modelo concesional -un 45 millones al año más económico que el resto de departamentos- se advierte que la empresa ha reclamado y ganado en los juzgados el aumento sustancial de las liquidaciones anuales desde 2006 a 2012 por conceptos que no se incluían en el pliego. En este sentido, la misma fuente indicó que la administración autonómica y la concesión sanitaria privada deben resolver todas las liquidaciones anuales hasta el actual ejercicio, lo que podría conllevar nuevos sobrecostes millonarios. La Generalitat paga al año 128 millones de euros para financiar el modelo - 800 euros por cada tarjeta sanitaria registrada, unos 160.000 euros- «y todavía así pagamos sobrecostes», insistió el alcalde de Benejúzar.
Imagen del Hospital Universitario de Torrevieja. | TONY SEVILLA
El diputado provincial y secretario comarcal del PSPV-PSOE, Miguel López, dijo ayer que el modelo de gestión concesional del departamento de salud de Torrevieja suma un sobrecoste sobre el contrato inicial rubricado con la Generalitat Valenciana de 108 millones de euros que podría elevarse en 53 millones más si la empresa que gestiona el área gana su reclamación en este sentido en los juzgados. Lo dijo para rebatir el mensaje trasladado por la concesionaria, el PP y Cs sobre la eficiencia del actual modelo de colaboración público privada que la Generalitat va a liquidar en octubre de 2021. «Es un modelo privatizador que nos ha salido carísimo a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», aseguró el diputado.
López explicó que en la misma página de la auditoria de la Sindicatura de Cuentas que destaca esa eficiencia del modelo concesional -un 45 millones al año más económico que el resto de departamentos- se advierte que la empresa ha reclamado y ganado en los juzgados el aumento sustancial de las liquidaciones anuales desde 2006 a 2012 por conceptos que no se incluían en el pliego. En este sentido, la misma fuente indicó que la administración autonómica y la concesión sanitaria privada deben resolver todas las liquidaciones anuales hasta el actual ejercicio, lo que podría conllevar nuevos sobrecostes millonarios. La Generalitat paga al año 128 millones de euros para financiar el modelo - 800 euros por cada tarjeta sanitaria registrada, unas 160.000 euros- «y todavía así pagamos sobrecostes», insistió el alcalde de Benejúzar.
López, en rueda de prensa junto al secretario general del PSOE de Torrevieja, Andrés Navarro, defendió que la Generalitat vaya a poner fin al contrato con la concesión tras quince años de adjudicación en octubre de 2021 para rescatar el servicio de gestión directa «y más como se ha demostrado ahora con la pandemia que es indispensable que la Sanidad nos cueste lo mismo a todos». López arremetió contra los dirigentes del Partido Popular, en especial el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón o el primer edil de Orihuela, Emilio Bascuñana, que, a su juicio, con sus constantes apelaciones a la defensa de la concesionaria en los últimos meses parece que «ejercen como agentes comerciales» de la empresa que representantes públicos de los ciudadanos de la Vega Baja y la provincia de Alicante. El representante socialista animó a Mazón a explicar «los intereses que le llevan a defender a esa empresa privada».
Imagen de la rueda de prensa de Miguel López en la Casa del Pueblo de Torrevieja
A juicio de los socialistas este cambio de la reversión se está produciendo por el fin del contrato con la máxima de las normalidades y ha recordado que los trabajadores del Área de Salud, además de los ciudadanos que en ella reciben su atención, pueden estar tranquilos ante las defensa de la Conselleria en sus derechos tanto laborales como el de los usuarios. En este sentido desveló un dato «extraoficialmente» que hasta la fecha no era público: cobra en atención primaria una media de 110 euros, en función del tipo de asistencia, a cada paciente extracomunitario que no aporte una tarjeta SIP. Algo que se hace en la zona de admisión previa a la consulta, siempre según la misma fuente. En el sistema público esta atención es gratuita y después es la administración la que reclama el importe a los países de origen.
«Todas las comisiones mixtas que se han realizado entre las dos partes siempre eran para que la concesionaria reclamara más dinero en las liquidaciones», dijo López. «Nunca el servicio para los pacientes va a ser peor, por mucho que se quiera poner como mal ejemplo el Hospital de Alzira, ya que no es así, todo lo contrario. La mejora en la gestión de este Hospital se está produciendo día a día en su gestión y servicio, como no puede ser de otra manera. Esto es un hecho contrastable». En este sentido, indicó que el Hospital de Alzira ha ampliado su cartera de servicios desde que se llevó a cabo la reversión en 2018 y aumentado su plantilla en 300 sanitarios.
López se preguntó por el motivo por el que cual el que el sistema informático de este Área «no está si siquiera conectado al sistema informático de la Conselleria, con lo cual no se tiene acceso a los datos, siendo esto un hecho añadido al oscurantismo que en ocasiones mantiene la concesionaria» y sugirió que la Generalitat no puede certificar de forma directa los datos que le ofrece la empresa, aunque la misma auditoria señalada por el PSOE no cuestiona esta dualidad. La gerencia de la concesión no se pronunció ayer sobre estas declaraciones.
LA CONCESIONARIA GARANTIZABA EL 95% DEL EMPLEO ESTABLE DEL DEPARTAMENTO
La dirección del área lamenta la «incertidumbre» laboral generada por el anuncio de reversión
«Ribera garantiza el 95% de empleo estable en el Hospital Universitario de Torrevieja frente a la incertidumbre que genera la reversión anunciada por la Conselleria de Sanidad», según aseguró ayer la gerencia del grupo sanitario Ribera. « La estabilidad laboral actual de sus profesionales, se plasma en el III Convenio Colectivo para el Departamento de Salud de Torrevieja, firmado hace unos meses», según las mismas fuentes. En este convenio, que «contó con el respaldo de todos los sindicatos aporta mayor seguridad jurídica y estabilidad laboral, al menos hasta el próximo 2021, fecha en la que la Conselleria de Sanidad ha anunciado que procederá a asumir la gestión directa». Según la concesionaria «pese al momento de incertidumbre en el que se ya se firmó el convenio, el grupo Ribera se comprometió con sus profesional entre otras muchas cuestiones, a incrementar el índice de personal indefinido del 88% al 95%».
Para la gerente Eva Baró, las garantías que ofrece el actual convenio firmado con Ribera «quedan en el aire tras las declaraciones de la Consellera de Sanidad, Ana Barceló, porque Sanidad sigue sin informar a los trabajadores sobre su futuro laboral, pero ya hemos visto lo que está pasando en el Hospital de La Ribera».
En caso de que la Administración decidiera gestionar el Departamento de Salud de Torrevieja a través de la creación de una empresa pública, las opciones de sinergia y eficiencia de recursos “se verían mermadas”, añade. Y supondría, además, según explica Eva Baró, “que la intervención pública no estaría fiscalizada ni el departamento se beneficiaría de los planes de Infraestructuras de la propia Conselleria”. Por otro lado, el dimensionamiento estaría sometido a la limitación de crecimiento CI, regulado por el artículo 4.2 Ley 1/2005 de la Hacienda Pública.
Pero lo que “es peor”, en opinión de la responsable de este departamento, “es que los magníficos profesionales que tenemos en el Departamento de Torrevieja no tendrían cabida en la bolsa de empleo temporal que gestiona la Conselleria de Sanidad, y tampoco podrían solicitar el traslado, y asimismo la figura del estatuario quedaría a extinguir, según recoge la Ley 10/2010”.
En este sentido, la empresa pública tampoco contempla la subrogación de personal indefinido no fijo, lo que pondría en riesgo la alta tasa de empleo estable con la que hoy en día cuenta el Departamento de Salud de Torrevieja.
Un escenario incierto que, según explica Baró, se vería reflejado también en caso de que la opción de absorción de personal se decidiera realizar a través de una Fundación Pública Sanitaria.
En cualquier caso, y según ha hecho público la propia Consellera, el próximo 15 de diciembre la Conselleria ha anunciado que se reunirá con los representantes de los trabajadores del Departamento, “en teoría, para poner sobre la mesa las opciones, una vez se haga efectiva la reversión del departamento de salud a la administración pública”. Pero Baró insiste: “Vemos cada día cómo se manifiestan los sindicatos del primer departamento revertido a la gestión pública directa y cómo denuncian el engaño sufrido por la Conselleria, así que ninguna reunión previa tiene pinta de cambiar esa incertidumbre”, concluye.