La Plataforma Pilar de la Horadada por la Libertad Lingüística ha convocado una caravana de vehículos reivindicativa para protestar por lo que supone, a su juicio, la imposición de la enseñanza en valenciano en secundaria, ciclos formativos, educación de adultos y educación especial desde el próximo curso. La marcha está prevista para el próximo el 27 de marzo, sábado desde las 11 de la mañana y a la propuesta se ha sumado la Plataforma de AMPAS Vega Baja y la Asociación Hablemos Español.

Matías Campillo Boj, portavoz de la Plataforma pilareña, que se considera apolítica, explica que la iniciativa pretende recoger el relevo de la protesta multitudinaria que el 18 de enero de 2020 recorrió las calles de Orihuela en contra de la ley de Plurilingüismo de la Generalitat. Campillo espera una respuesta numerosa -con respaldo además de los agricultores locales que circularán con tractores-.

El principal objetivo de la convocatoria sigue siendo el mismo: la derogación de la ley de Plurilingüismo, que se aplica en Infantil y Primaria desde 2018 y que fue adaptada por la Conselleria de Educación con un decreto para esquivar una sentencia judicial que impedía su puesta en marcha. Decreto contra el que ningún grupo en las Cortes Valencianas alegó.

La Plataforma Libertad Lingüística asegura que muchos padres de Pilar de la Horadada, el municipio más meridional de la Comunidad, se están planteando matricular a sus hijos en centros de los cercanos municipios de San Pedro del Pinatar o San Javier, aunque no cuenta con datos sobre esas matriculaciones.

Los padres aglutinados en torno al rechazo de los planes lingüísticos de centro (PCL), recientemente sometidos a votación por los consejos escolares y rechazados en un 70% pese a recoger el mínimo contenido en valenciano, aseguran que la aplicación del plurilingüismo impide la libertad de elección de la lengua en la que quieren que sean formados sus hijos. Esos planes disponen un mínimo de un 25% de enseñanza en valenciano y un 20% de inglés. También cuestionan las grandes limitaciones a la participación de padres en el proceso de elección de lo planes de centro en plena pandemia. No solo por la celebració de las reuniones en sí de los consejos escolares, también para convocar las asamblesas de las asociaciones de padres que permitieran informar a los padres y madres de alumnos. La mayoría de reuniones de consejos escolares se han celebrado de forma telemática, aunque el criterio no siempre ha sido el mismo. Por ejemplo, el consejo escolar del IES Thiar sí que mantuvo una reunión presencial.

Los padres, y también colectivos de docentes en contra de la enseñanza del valenciano, aseguran que el 70% de esos consejos escolares han rechazado los planes propuestos por la dirección de los centros, pese a que la mayoría de las propuestas recogen el mínimo de contenidos en valenciano, que obliga, de paso, a que los alumnos tampoco reciban más contenidos en inglés. Con esos PLC rechazados es la Generalitat la que decide cómo comienza a aplicarse la ley desde el curso que viene. Normalmente aceptando el proyecto que elabora el centro.

Matías Campillo aseguró además que estos planes no garantizan el derecho recogido en la ley de Normalización Lingüística a que los alumnos de zonas de predominio castellanohablante puedan solicitar la exención del valenciano. En Infantil y Primaria, con la aplicación de la ley desde 2018, se está dando la paradoja, a juicio de las plataformas, que un alumno pueda estar exento de la enseñanza de la asignatura de valenciano sin que se le otorgue «el derecho» a aplicarla en las asignaturas que va a recibir en valenciano. La aplicación del plurilingüismo se suspendió para este curso por la crisis sanitaria, por lo que para el curso 2021/2022 se aplicará en primero y segundo de la ESO.

La exención de la asignatura del valenciano alcanza en torno a un 5% del alumnado en Infantil y Primaria y el 14% en secundaria en la Vega Baja, según los datos de la Conselleria de Educación. Son los porcentajes más altos de la Comunidad Valenciana.

Las plataformas y colectivos que rechazan la ley de Marzà matizan que no están "en contra del valenciano, sino a favor de poder estudiar en castellano. Pedimos libertad de elección de lengua. Antes de la Ley estaba garantizada la enseñanza del valenciano e inglés, lo que se hace ahora es no permitir estudiar en nuestra lengua".  Los lemas y argumentos con los que han mantenido una reivindicación que ha cosechado una gran acogida en el Bajo Segura se suelen centrar en la imposición del valenciano.