"Queremos educación en libertad", "por la libertad lingüística" o "se vende lengua castellana". Son algunos de los lemas que han mostrado en su coches los participantes en la multitudinaria protesta contra la "imposición" del valenciano en los centros educativos convocada por la Plataforma por la Libertad Lingüística de Pilar de la Horadada. Las restricciones por la pandemia de coronavirus obligaron a los organizadores a convocar una caravana de coches en lugar de una manifestación a pie. Y las previsiones se han desbordado. Aunque estaba previsto que participaran unos 150 vehículos, según expuso antes de la marcha el portavoz de la plataforma pilareña, Matías Campillo, finalmente más de 400 coches, camiones y tractores han secundado la protesta para exigir la derogación de la Ley de Plurilingüismo, que recoge el relevo de la manifestación multitudinaria que el 18 de enero de 2020 recorrió las calles de Orihuela con más de 20.000 personas.
La convocatoria de la Plataforma por la Libertad Lingüística de Pilar de la Horadada ha contado con el apoyo de la mayoría de organizaciones de padres de la comarca (AMPAS Vega Baja, Idiomas y Educación, FAPA Gabriel Miró -COVAPA, integrada por las federaciones provinciales FAPA Gabriel Miró de Alicante, FAPA Humanista Manuel Tarancón de Castellón y FAPA 9 d’octubre de Valencia- y Concapa), así como otras entidades como Hablamos Español, y la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística. Además, se han sumado a la protesta PP, Ciudadanos y Vox, con alcaldes y diputados de los tres partidos que han acudido hasta el municipio de la Vega Baja limítrofe con la Región de Murcia. Entre los regidores que han asistido estaban los de Cox, Almoradí, Bigastro, Albatera, Pilar de la Horadada y Santa Pola.
La marcha ha arrancado pasadas las 11 de la mañana bajo los sones del "Viva España" de Manolo Escobar. Seis tractores, encabezados por el que conducía el propio alcalde de Pilar de la Horadada, el popular José María Pérez (que es agricultor), ha abierto la comitiva a la que han seguido más de 400 coches y también algunos camiones y furgonetas, muchos con banderas de España y hasta con grandes altavoces de los que salían desde lemas contra la "imposición" del valenciano, a sevillanas o el "Libertad sin ira" de Jarcha. La comitiva ha realizado un recorrido de 3,5 kilómetros por el casco urbano de Pilar de la Horadada y una hora después de salir el primero de los vehículos aún continuaban llegando coches al punto de partida, en el polideportivo municipal. "Mostramos nuestro rotundo rechazo a la imposición del valenciano y a la Ley de Plurilingüismo y es una protesta para defender la lengua castellana y que los alumnos de la comarca puedan estudiar en su lengua materna" ha señalado Matías Campillo, quien ha negado que el objetivo de la marcha fuera "ir contra el valenciano". "No queremos que desaparezca en esta comunidad, es una lengua oficial, pero queremos dejar claro que tenemos derecho a aprender valenciano, pero no la obligación", ha resaltado.
Esta multitudinaria protesta se produce después de que la Conselleria de Educación haya retomado sus planes sobre la implantación del Programa de educación plurilingüe e intercultural (Pepli), o Ley de Plurilingüismo, que tuvo que aplazar el año pasado por la crisis sanitaria. El Consell pretende poner en marcha el programa el próximo curso 2021/2022 y, con ello, la polémica ley que establece un mínimo de un 25% de asignaturas impartidas en valenciano, además de entre un 15 y un 25% en inglés en la ESO, Bachiller y Formación Profesional. Los institutos han ido recibiendo la comunicación de la Conselleria que dirige Vicent Marzà para que remitieran antes de marzo el proyecto lingüístico de cada centro, con el porcentaje y enumeración de las asignaturas que se impartirán en valenciano, castellano e inglés y cuya aprobación la propia ley establece que debe hacerla el consejo escolar, aunque la última palabra la tiene la Conselleria a la hora de aprobar o no las propuestas de cada centro. Padres y profesores de la Vega Baja acusan al conseller de haber aprovechado la coyuntura por la pandemia para imponer su plan lingüístico. Confían que Educación pueda dar marcha atrás, antes de que apruebe definitivamente los proyectos lingüísticos para cada centro educativo, tras ver la protesta masiva de hoy en la Vega Baja.
La alcaldesa de Santa Pola y vicesecretaria de Políticas Sociales del PP en la provincia de Alicante, Loreto Serrano, ha mostrado su apoyo a "toda la gente de la Vega Baja que se está viendo afectada por una imposición lingüística y nosotros creemos en la libertad de poder elegir los padres". Serrano ha ido más allá y ha llegado a asegurar que "esto es una dictadura y nos obligan a hacer el criterio que quieren". El alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, también criticó la "imposición" del valenciano en las aulas, como en las de su municipio que es castellanoparlante, "y lo que queremos es que convivan las dos lenguas, y tendría que ser primero el castellano y luego, el que quiera, que elija el valenciano, sin que se lo impongan".
Campillo puso énfasis en que más de un 70% de los consejos escolares de los institutos de la Vega Baja han rechazado los proyectos lingüísticos de la Conselleria de Educación. Todo ello pese a que la conselleria de Marzà ha aceptado acuerdos de consejos escolares con el 17% de enseñanza en valenciano frente al 25% que fija la ley. Pero no se fían porque no está por escrito. "Esa rebaja la tiene que confirmar la Conselleria de Educación e incumpliría los mínimos de valenciano que establece la Ley de Plurilingüismo, por lo que hasta que no se establezcan definitivamente esos proyectos lingüísticos en los centros que han propuesto rebajar al 17% el valenciano, veremos a ver si ellos mismos estarían incumpliendo su propia ley", indicó el portavoz de la plataforma organizadora de la marcha, quien aseguró que hay padres de municipios limítrofes a la Región de Murcia, como Pilar de la Horadada, que están planteando matricular allí a sus hijos, aunque al preguntarle por los datos que manejaba señaló que "son los ayuntamientos los que los tienen, porque es necesario cambiar el padrón para ser más fácil poder coger plaza". Sin embargo, una de las pancartas que lucían algunos vehículos decía lo contrario: "No emigraremos para estudiar en castellano".
La diputada de Cs en las Cortes Valencianas, María Quiles, indicó que "el problema es que el Botànic no nos ha escuchado, no ha entendido la idiosincrasia de esta comarca, y comentaba el otro día con compañeros en Las Cortes que la Vega Baja es la gran desconocida, y piensan que odiamos el valenciano y eso no es así". Quiles, que es de Almoradí, señaló que lo que pide la comarca es que no se imponga una lengua "que no es la nuestra y un alumno de aquí no va a tener las mismas oportunidades que otro que sea de una población donde se habla valenciano, y queremos los mismos derechos porque somos tan valencianos como el resto, aunque nuestra lengua sea el castellano". Por su parte, el diputado de Vox en las Cortes Valencianas, Miguel Pascual, dijo que acudía a la protesta "en defensa de la lengua española y la libertad lingüística" y aseveró que hay "una persecución y un apartheid de la lengua española en la Comunidad Valenciana".
Desde la plataforma AMPAs Vega Baja, Álvaro Mellado, lamentó que "la Conselleria no nos deje otra opción que la calle o los tribunales y no nos escuche", y criticó que Marzà no se siente con los colectivos de la comarca para "buscar una solución dialogada". Y añadió, resignado, que "sabemos que va a imponer su criterio, porque la Conselleria es la que tiene la última palabra". Por parte de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, que tiene como emblema la imagen de Miguel Hernández, su portavoz Miguel Ángel Robles, criticó que Educación "haya aprovechado el oscurantismo y el encierro de la población para colarnos la ley sin ningún tipo de diálogo". "Hay gente que viene a la Comunidad Valenciana de otras regiones, por trabajo u otras circunstancias, y van a obligar a que sus hijos tengan que pasar por un proceso de adaptación, cuando existe una lengua común en España", dijo Robles.
