El Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja ha incoado procedimiento abreviado contra el alcalde socialista de Los Montesinos, José Manuel Butrón Sánchez por un delito de prevaricación administrativa y otro contra la ordenación del territorio. La juez Juana López Hoyos instruye esta causa desde hace nueve años. La denuncia se produjo en 2012 por parte del jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, que no está personado en el procedimiento. Sí es acusación Izquierda Unida de Los Montesinos. El alcalde Butrón, uno de los más veteranos en la provincia -desde 1991- no se ha pronunciado sobre este auto. En las diligencias figura un informe de la unidad contra los delitos urbanísticos de la Guardia Civil. Entre los hechos que se investigan figuran su supuesta falta de actuación a la hora de hacer cumplir 17 órdenes de demolición de viviendas ilegales en el campo, su supuesta pasividad a la hora de consentir la actividad de la discoteca Revival en suelo protegido y el hecho de que mantuviese oficialmente que una nave ilegal sobre suelo rústico y orden de demolición contaba con autorización de la Generalitat con una declaración de interés comunitario, cuando carecía de ella.
Sobre la discoteca Revival, el auto indica que desde 1991 dispone de licencia municipal para la instalación de una actividad de «disco-pub en una nave destinada a almacén agrícola». Está enclavada en suelo no urbanizable, dentro de la zona de especial protección del Paraje Natural de Las Lagunas de La Mata y Zona de Especial Protección para las Aves. En 1993 la Generalitat denegó también una Declaración de Interés Comunitario (DIC). Pero el Ayuntamiento no realizó «ninguna actividad tendente al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida». Algo que también ordenó un juzgado de lo Contencioso Administrativo sin que Butrón actuara. La discoteca dejó su actividad, al margen del procedimiento legal, ante las continuas sanciones de la Generalitat. En ningún caso podría legalizar su puesta en marcha de nuevo al ubicarse en un espacio protegido.
La nave de Los Pérez
Otro de los asuntos investigados es la falta de intervención de Butrón ante la construcción y funcionamiento de una nave en suelo rústico de una de las empresas de suministros de construcción más importantes de la comarca. En octubre de 1987, se construyó en la pedanía de Los Pérez, con licencia del Ayuntamiento de Almoradí, una planta de prefabricados de hormigón, sobre un suelo de más de once mil metros y con una nave que ocupaba 6.000. En enero de 2000 el Ayuntamiento de Los Montesinos concedió licencia para la puesta en funcionamiento de la planta y cedió los derechos de la licencia, pese al cambio de titularidad, a la nueva mercantil cuando la empresa anterior se había extinguido en 1996. El terreno seguía siendo rústico. La Generalitat rechazó la legalización de la industria a través de una declaración de interés comunitario (DIC) en 2002, aunque el Ayuntamiento presidido por José Manuel Butrón concedió licencia de obras para ampliar las instalaciones.
La Asociación de Vecinos Los Pérez denunció los hechos. En 2006 el Ayuntamiento ordenó la demolición de las obras pero sin imponer multas coercitivas ni tramitar expediente sancionador. A raíz de una resolución del Sindic de Greuges en la que instaba al Ayuntamiento a que cumpliera su propio decreto de demolición, Butrón, según el auto, ordenó la elaboración de un informe mediante el que se comunicó que la empresa «tenía licencia municipal y declaración de interés comunitario, pese a carecer de ambos y que el expediente de disciplina urbanística había desaparecido. El primer edil suma otra causa con juicio abierto y por señalar, instruida por el mismo juzgado, acusado, junto a la teniente alcalde Ana Belén Juárez, de acoso laboral, prevaricación y cohecho. El PSOE autonómico no se ha pronunciado sobre el segundo auto de procesamiento que recae en uno de sus alcaldes más votados.
17 casas ilegales con orden de demolición sin ejecutar
El juzgado ha investigado también por qué no se ha llevado a cabo la orden de demolición de 17 chalets construidos de forma ilegal, con expedientes archivados sin comprobar sobre el terreno por los funcionarios si se ha cumplimentado la orden de demolición. Una de esas viviendas es propiedad de un exconcejal que con su voto otorgó la mayoría a Butrón para alcanzar la Alcaldía en 1991 durante su primer mandado. Este propietario es familiar directo de la actual tesorera del Ayuntamiento. Entre otros dueños de casas en el campo, también figuran familiares del propio alcalde Butrón.
