El alcalde de Orihuela Emilio Bascuñana ha comparecido esta mañana en los juzgados de Orihuela donde estaba citado para declarar por la denuncia que presentó Sanidad por cobrar sin trabajar durante varios años. La comparecencia de Bascuñana en el juzgado estaba prevista para hace un mes pero el regidor pidió un aplazamiento al coincidirle con la celebración de un pleno. Bascuñana llegaba a las 10:40 de esta mañana a los juzgados de Orihuela acompañado por el portavoz del grupo municipal popular y concejal de Hacienda Rafael Almagro, que lo ha escoltado dentro del juzgado, y por la edil de Contratación Sabina Galindo. Y ha dejado el Palacio de la plaza de Santa Lucía sobre las 12.15 junto a su abogado Ricard Sala, los dos ediles y el asesor de alcaldía y exalcalde de Redován, Emilio Fernández. Bascuñana no ha querido hacer declaraciones con los juzgados de fondo como escenario y el departamento de prensa del Ayuntamiento, que ha acudido también a los juzgados, ha convocado a los medios para una declaración en la plaza del Carmen, junto a la sede del Consistorio.
El alcalde oriolano ha anunciado que pedirá el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, que ha calificado de "patraña". Bascuñana ha asegurado que el informe de la inspectora de Sanidad, "de la que no quiero decir el nombre" y en el que se recoge que no fue a trabajar durante cinco años mientras cobraba del Servicio Valenciano de Salud se basa en una "patraña" porque "dice que tenía que trabajar de inspector médico y yo no podía trabajar en ese puesto porque nadie me lo pidió". Aunque no ha querido aclarar, a preguntas de los periodistas, cuáles eran sus funciones. "No solo mis testimonios y aportaciones dejan claro que trabajé y mucho, quiero confiar en que lo hice bien, sino que todas las declaraciones de los testigos han corroborado que cumplí con mis funciones y que se sabía que estaba en mi puesto realizando mi trabajo", sin aclarar cuál era ese trabajo.
El regidor oriolano ha querido separar su función como alcalde de la investigación de su labor como médico de la Conselleria de Sanidad que es anterior al cargo. Incluso ha manifestado que ha trasladado a la Fiscalía que "deje de reflejar, en los diferentes informes que se manejan, su condición de alcalde". Pese a ello, ha acudido a los juzgados con una importante representación municipal. Bascuñana ha insistido en que, aunque la investigación "no tiene nada que ver" con su condición de alcalde, "hay intereses en ligarlo y en intentar mezclarlo", y ha añadido que "hay quien, para hacer daño al Ayuntamiento de Orihuela, justifica usar las administraciones públicas, como la Conselleria de Sanidad, con fines partidistas y cosas tan ruines como esta. Estoy soportando un calvario". El alcalde le ha pedido a la jueza, ya fuera de micrófono, celeridad a la hora de "resolver" la investigación.
"Cuando se resuelva todo iniciaremos las acciones para restituir el honor de Emilio Bascuñana, de mi familia, amigos y también de la Corporación y de la institución de la Alcaldía de Orihuela", ha vuelto a subrayar.
Sanidad y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el político del PP percibió durante varios años un sueldo de la conselleria sin que se haya podido acreditar qué actividad desempeñaba. En su declaración inicial ante la Fiscalía, donde ya compareció como investigado, el alcalde de Orihuela aseguró que trabajaba telemáticamente y que no queda prueba documental de lo que hacía que justifique el salario porque sus informen eran "orales". En el proceso que se inició tras una denuncia presentada por Sanidad ya han declarado ex altos cargos de la conselleria.
La instructora del expediente en el que se apoyó la Conselleria de Sanidad para denunciar a Emilio Bascuñana concretó en el expediente que el político del PP cobró 202.170 euros entre noviembre de 2007 y abril de 2013, fue contundente al aseverar que no localizó pruebas de actividad asistencial, ni de asesoramiento ni de ningún otro tipo. Agregó que de haber prestado servicios de inspección en el ambulatorio de Orihuela habría quedado registrado, ya que se dispone de un sistema informático con tarjeta que deja huella. Y concretó, en su anterior comparecencia en el juzgado, que «si un doctor tiene encomendados los servicios de inspección, no puede realizar otras tareas que no sean esas».
La acusación pública sostiene que al menos entre el 1 de noviembre de 2009 y el 24 de enero de 2012 no existe ninguna evidencia de que efectivamente Bacuñana realizara alguna tipo de tarea por la que tuviera que cobrar un sueldo de Sanidad.
En la primera declaración que el regidor prestó por estos hechos explicó en su descargo que tenía «buenas relaciones tanto institucionales como personales y profesionales con el personal, no solo de la Conselleria de Sanidad sino también de otras», que sus funciones eran las de «asesoramiento, colaboración, coordinación y apoyo» y que no tenía despacho porque las realizaba «desde diferentes sitios y lugares tanto desde casa mediante teletrabajo como en otros sitios». En cuanto a su tarea, explicó que el resultado «se manifestaba de diferentes formas, si bien los informes no los realizaba por escrito».
También declaró Luis Rosado, secretario autonómico desde 2007 hasta 2011, cuando fue nombrado conseller de Sanidad. Años en los que se desarrollaron los hechos presuntamente irregulares que se atribuyen a Bascuñana. Rosado, quien compareció en calidad de testigo, aseguró que «resolvió» la situación del destino del alcalde cuando le preguntaron qué había que hacer, lo que según él ocurrió al tomar posesión.
Un testimonio que contradice lo manifestado por quien fuera director territorial de Sanidad desde noviembre de 2008 hasta 2015, José Ángel Sánchez Navajas, quien declaró que nada más ser nombrado le comunicó a Bascuñana que no le necesitaba (como asesor) y que volviera a su puesto de médico de familia. En 2014 fue designado gerente del área de salud de Orihuela y del Hospital Vega Baja.
