El Ayuntamiento ha adjudicado por la vía del trámite de emergencia el contrato de controladores de playa a la empresa Brócoli y la prestación, que estaba prevista para su inicio, primero el 15 de junio y después el día 21, comenzará mañana viernes. En apenas cinco días el municipio ha esquivado la paralización automática del contrato derivada de la presentación de un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales por parte de la segunda empresa mejor valorada, Ekipo Medios. El Tribunal debe resolver el fondo del asunto, pero el Ayuntamiento ya ha resuelto la prestación a través de otro expediente.
Esa tramitación de emergencia está reservada en la administración a momentos en los que tenga que "actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional", según señala el propio expediente, que entra en vigor un día antes de que se decaiga la obligatoriedad a nivel estatal de llevar mascarillas protectoras en el exterior . Procedimiento con el que el Ayuntamiento ha salvado la papeleta de no dejar en la estacada a los 150 controladores a los que ya había prometido un puesto de trabajo este verano: con solicitudes tramitadas por la ADL en las que no se reclamaban más datos que los personales del peticionario, ni requisito alguno. Estos controladores se sumarán a los 31 que se va a emplear con la subvención de la Generalitat, en este caso a través del servicio valenciano de empleo, que reclama carné de conducir y que los solicitantes estuvieran inscritos en búsqueda de empleo.
El expediente se ha resuelto considerando "un régimen excepcional donde el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto". En este caso existía un procedimiento de contratación previo ya valorado y con la mejor puntuación a Brócoli.
Como es habitual en la práctica de comunicación del equipo de gobierno la aprobación de este procedimiento se ha llevado a cabo a través de una junta de gobierno extraordinaria el pasado martes de la que el municipio no ha dado cuenta públicamente.
La adjudicación directa, al margen de lo que decida el Tribunal Central de Recursos Contractuales, ha sido justificada, a instanacias de la concejal de Contratación, Carmen Gómez (PP) por la directora general de Contratación, Rosana Narejos y el director general de Urbanismo, Víctor Costa, dos altos cargos incorporados en este mandato al organigrama municipal por el alcalde Eduardo Dolón (PP) en "que persiste la necesidad de implantación de medidas de control del aforo, para asegurar el distanciamiento social en las zonas de baño marítimas, y de los paseos de la localidad de Torrevieja". El "control" de los paseos fue incluido para poder sumar más contratos al pliego.
En ese añadido se dice que los controladores en los paseos velarán por el cumplimiento de las "ordenanzas municipales" en los paseos. Incumplimiento en las medidas covid y las ordenanzas municipales que se centra, si se produce, en la actividad de las terrazas, con mesas y sillas que no respetan la distancia de seperación y ocupan de forma irregular el espacio de la servidumbre de tránsito del dominio público -sin que tampoco actúe Costas-.
Según la documentación pública del procedimiento el plan de contingencia elaborado en junio de 2020 2de regulación de la seguridad humana y la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas de la Comunitat Valenciana" establece las medidas "que se consideren con el fin de proteger la seguridad de las personas usuarias de las playas del término municipal" y deben extender su periodo de vigencia temporalmente mientras que dure la situación de alerta sanitaria. El mismo documento admite que la "mejora epidemiológica", pero a continuación, para justificar el contrato de 150 controladores y el gasto de más 1.168.000 euros desde ahora hasta el 15 de septiembre por la vía de emergencia -que no ha empleado ningún municipio para este uso- asegura que "la alerta sanitaria todavía está vigente".
El mismo documento cita una resolución de la Conselleria de Sanidad de 3 de junio de 2021 por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública cuya vigencia se extiende hasta el próximo 30 de junio, "pero sin perjuicio de las posteriores resoluciones que habrán de producirse, aclara que todavía permanece la alerta sanitaria extendiéndose hasta que la Organización Mundial de la Salud declare su finalización".
Otros municipios con más tramo de playa y necesidad de vigilancia han descartado un contrato de medidas covid como el de Torrevieja, que a los 150 controladores, suma los 31 de la Generalitat y el servicio ordinario de socorrismo de todos los veranos.