El Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible tiene ya muy avanzado el nuevo modelo de gestión de las basuras en la comarca, que está consensuando con la UTE Cespa-Ortiz, tras la sentencia del Tribunal Supremo que la ratifica como adjudicataria de la gestión de los residuos. El Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto y ratificó la sentencia del Tribunal Superior Valenciano (TSJCV) por la que la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa (Ferrovial)-Ortiz retoma la adjudicación y gestión del plan zonal de residuos de la Vega Baja. Una sentencia que se dictó en marzo, y conocida en abril por los representantes del Consorcio, pero que hasta la semana pasada no se hizo pública tras desvelarlo la presidenta del Consorcio del Plan Zonal, la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP), durante el desarrollo de una reunión de la entidad. Desde entonces, Belmonte, junto a los servicios técnicos y jurídicos del Consorcio, ha estado negociando con la UTE el nuevo modelo de gestión de los residuos ya que el presentado por esas mercantiles hace 12 años ha quedado obsoleto y choca con la legislación ambiental actual. El Consorcio y la adjudicataria están obligados a adaptar el contrato a la legislación vigente y poder dar cumplimiento de la sentencia una vez se requiera formalmente por parte del juzgado nº2 de lo Contencioso Administrativo de Alicante, que a día de hoy no se ha recibido, y cuando la reciba la entidad tendrá un plazo de 2 meses para presentar el acuerdo de ejecución de la sentencia. Teresa Belmonte ha comparecido en Bigastro rodeada de alcaldes y ediles del PP en la comarca tras las críticas del PSOE que la acusó de falta de transparencia en este proceso.
Así, según ha explicado hoy la presidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible, el nuevo proyecto plantea la construcción de una serie de plantas de tratamiento de residuos orgánicos y podas, de última generación "sin olores ni ruidos" -ha aclarado Teresa Belmonte-, repartidas por toda la comarca. De esta manera se busca también cumplir con el Plan de Residuos de la Comunidad Valenciana, y se rechaza la construcción de un macrovertedero que estaba previsto en la oferta de plan zonal proyectada por Cespa-Ortiz (del empresario Enrique Ortiz).
Las microplantas de tratamiento se instalarán en polígonos industriales y se adaptarán a la población que tengan los municipios. Así, las localidades de más de 15.000 habitantes contarán con una instalación propia de este tipo y el resto se agruparían en una sola planta hasta alcanzar dicha población, ya que son modulares. Estas plantas de tratamiento de fracción orgánica generarán compost que se cederá gratuitamente a vecinos (agricultores principalmente) y a los ayuntamientos que los requieran para sus parques y jardines. La presidenta del Consorcio envió el 9 de junio un escrito a todos los consistorios de la comarca pidiéndoles que cedan suelo de sus polígonos industriales para poder instalar las plantas de tratamiento biorgánicas, capaces de gestionar hasta 3.000 toneladas por año, aunque, de momento, "solo han respondido 4 o 5 ayuntamientos gobernados por el PP", ha reconocido la también alcaldesa de Bigastro. El Consorcio prevé que las instalaciones para bioresiduos se financien con fondos europeos.
Además, el nuevo plan zonal proyecta la construcción de entre una y tres plantas de tratamiento de voluminosos (muebles, colchones...), otra de tratamiento mecánico (del contenedor gris) y una red de ecoparques fijos y móviles (financiada con fondos europeos). Con el plan de inversiones de 2021 el Consorcio tiene previsto adquirir cuatro ecoparques móviles más y adaptar el ecoparque fijo de Torrevieja con un sistema informatizado que permitirá aplicar bonificaciones a los vecinos que usen este servicio. "Si conseguimos desarrollar toda esta red de forma eficiente, el rechazo a vertedero será mínimo y, por tanto, en vez de tener que construir uno en la comarca podemos hacer convenios para llevar esa basura a vertederos cercanos fuera de la Vega Baja, y existe el compromiso del Consell para ello", ha asegurado Teresa Belmonte.
Belmonte apremia a los municipios a aprobar la cesión de suelo municipal en polígonos industriales para que, una vez hecho el trámite, "en seis meses puedan estar construidas las plantas de tratamiento". De no haber suficiente suelo cedido por las localidades, la concesionaria de la gestión del plan zonal tendrá que comprarlo, lo que repercutirá en el canon. "Es un proyecto que, como ya me comprometí en su día, será modélico y actual para conseguir abaratar al máximo el coste de tratamiento, dando cumplimiento a las exigencia de los principios de Economía Circular de la Unión Europea, evitando así las sanciones que dicho marco legal prevé", ha aseguro la presidenta del Consorcio. Un nuevo plan zonal que, según Belmonte, "tendrá un proyecto de gestión que será un referente a nivel internacional".
De momento, se está a la espera de que entre en funcionamiento la planta de transferencia que se está construyendo en Dolores y que, según ha anunciado Teresa Belmonte, está previsto que entre en funcionamiento el próximo mes de septiembre. Esta planta, que es provisional y que se mantendrá hasta que se construyan todas las microplantas de tratamiento y las otras instalaciones previstas, se amplió para gestionar 185.000 toneladas, el 90% de los residuos que genera la Vega Baja (que está por encima de 190.000). Los municipios a los que no pueda dar cobertura llevarán sus residuos a la planta de Elche, como actualmente hacen Bigastro o Torrevieja. La presidenta del Consorcio ha asegurado que no cree necesaria la instalación de otra planta de transferencia, como se planteó para dar servicio a la zona de la comarca que quedará fuera, aunque no descarta que se construya si finalmente se comprueba que el volumen de residuos generados sobre todo en los municipios costeros es más elevado del previsto.
Belmonte, que ha calificado de "larga y tortuosa" la historia del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, recordó que el periplo judicial empezó en 2006 con un proyecto que ubicaba la una única planta de tratamiento y vertedero en Torremendo y que un juzgado anuló a petición de una asociación de vecinos asesorada por los partidos de la oposición del consorcio. Continuó con otro proyecto en 2013 que ubicaba dos estaciones de transferencia en Cox y Granja de Rocamora y una única planta de tratamiento y vertedero en Albatera, que también generó una importante controversia y movilización social. Todo ello llevó a la resolución del contrato con la concesionaria en 2015 porque no pudo encontrar terrenos donde ejecutar las instalaciones, y por consiguiente, la denuncia judicial de la empresa en contra de esa anulación contractual. Además hay otros dos procedimientos de reclamación patrimonial de más de 6 millones de euros instados por la empresa concesionaria contra el Consorcio por daños y perjuicios por la sentencia que impedía poner la planta de tratamiento en Torremendo. Sin embargo, según ha asegurado Teresa Belmonte, en el acuerdo entre el Consorcio y la UTE para la ejecución de la sentencia y del contrato adaptado a la nueva normativa se incluye como condición “sine qua non” el desestimiento por parte de Cespa-Ortiz de los procedimientos judiciales todavía abiertos de reclamación patrimonial "y a lo que la UTE no ha puesto impedimento alguno", ha explicado.
Las bases de ejecución de la sentencia y del contrato adaptado que se negocien con la UTE serán sometidas al estudio y consideración de la Junta de Gobierno del Consorcio, que deberá aprobar todos los pasos que se vayan dando. "No será una decisión unilateral, sino consensuada entre los municipios, la Generalitat y la Diputación", ha insistido Teresa Belmonte. Un Consorcio que en la última junta aprobó la creación del Consejo de Participación Ciudadana "en el que todas las asociaciones de vecinos que lo deseen podrán participar y dar su opinión al proyecto de gestión que se está diseñando". Además, la presidenta del Consorcio pide a los municipios de la comarca el compromiso "firme" de poner en marcha "sistemas eficientes de recogida selectiva", ahora muy escasos en las distintas localidades.
Acto de conciliación
La presidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible se ha mostrado muy molesta con el comunicado emitido por los alcaldes socialistas la pasada semana donde la acusaban de "cocinar" la gestión de los residuos de la Vega Baja. Como informó este diario, los representantes socialistas del Consorcio Vega Baja Sostenible denunciaron públicamente lo que consideran un «trato humillante, maleducado, alejado de cualquier atisbo de lealtad institucional y casi vejatorio» de la presidenta del ente público de gestión en el que está presente los 27 municipios de la comarca, Teresa Belmonte (PP), hacia «los legítimos representantes de los vecinos de los municipios en la Vega Baja en esa entidad de gestión». Y sobre todo señalaron su sorpresa por el hecho de que la presidenta reconociera durante la sesión que ha mantenido conversaciones con Cespa Ortiz sobre el futuro de la gestión de las basuras en la Vega Baja. Reprochan a Belmonte que «con la connivencia de la Diputación, su jefe Carlos Mazón y muchos representantes comarcales del PP estén cocinando el futuro de los residuos de la Vega Baja».
Unas palabras que han sentado muy mal a Teresa Belmonte quien ha anunciado que está valorando tomar medidas judiciales, que pasarían por un acto de conciliación para que los representantes socialistas que firmaron el comunicado se retracten. "Si tienen alguna duda de la legalidad, váyanse al juzgado y pídanle a la Fiscalía que investigue”, ha manifestado Belmonte dirigiéndose a los regidores del PSOE. La presidenta del Consorcio ha negado falta de transparencia en este proceso y ha asegurado que los alcaldes del PSOE sabían, antes de la última junta, que el recurso de casación ante el Tribunal Supremo se había rechazado puesto que durante la sesión ordinaria trimestral de la Comisión de Gobierno del consorcio el pasado 31 de marzo, "y en la que participan representantes de todos los grupos políticos de los ayuntamientos, incluidos los del PSOE, de la diputación y de la Generalitat, el director general de Calidad y Educación Ambiental nos informó sobre el auto de inadmisión del recurso de casación y de la obligatoriedad de cumplir con el contrato adaptándolo a la legislación actual que obliga a desarrollar un modelo de gestión sin macrovertedero, sino con varias instalaciones de tratamiento de los residuos orgánicos, podas, voluminosos (muebles y grandes electrodomésticos), residuos de construcción y demolición de las obras menores y una potente red de ecoparques fijos y móviles repartidas por todo el territorio comarcal, es decir, repartidas por los diferentes pueblos de la comarca, que nos ayudará a cumplir con los requisitos legales y evitar sanciones por su incumplimiento". Por lo tanto, niega haber ocultado la sentencia judicial y asegura que los socialistas la conocían desde el 31 de marzo, aunque a la opinión pública no se ha trasladado hasta la pasada semana. Belmonte ha añadido que fue el pasado 19 de abril cuando recibió la notificación de la providencia del Tribunal Supremo que indica que no admite el recurso de casación presentado por el entonces presidente del Consorcio, Manuel Pineda, y que contra esta resolución ya no cabe más recurso ordinario. Lo que significa que el consorcio debe cumplir con la ejecución del contrato de 2013.
Teresa Belmonte ha comparecido arropada por alcaldes y ediles del PP en la Vega Baja, como los regidores de Redován, Nely Ruiz, Pilar de la Horadada, José María Pérez, Cox, Antonio Bernabéu, Callosa de Segura, Manuel Martínez, Benijófar, Luis Rodríguez, Formentera del Segura, Francisco Cano y Almoradí María Gómez, así como el edil de Emergencias de Orihuela, Víctor Valverde y el concejal del PP en Benejúzar, Antonio Bernabé. También ha asistido el diputado provincial de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez.
