El Tribunal Supremo ratifica a Cespa-Ortiz como adjudicataria de la gestión de las basuras de la Vega Baja

El auto de inadmisión lo ha desvelado la presidenta del Consorcio del Plan Zonal, la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP), durante el desarrollo de una tensa reunión del Consorcio en la que estaban presentes representantes de todos los municipios del Bajo Segura, entre los que hay mayoría ajustada del PP. Tensa porque la resolución judicial era conocida desde finales del pasado mes de marzo, a pesar de lo cual no se ha dado cuenta de ella hasta este miércoles. Fuentes de representantes de los municipios en la reunión lamentaron la falta de transparencia de la presidenta y el hecho de que haya dado cuenta de la resolución sin presentar una estrategia sobre cómo afrontar a partir de ahora la gestión de los residuos. Ninguno de esos representantes -alguno de ellos de ciudades tan relevantes como Orihuela, Torrevieja, Pilar de la Horadada-, se han pronunciado públicamente sobre el resultado de la reunión este miércoles. Tampoco la Generalitat, que cuenta con una participación poderada relevante en el Consorcio ha hecho declaraciones.

Según fuentes consultadas por INFORMACIÓN Belmonte ha dejado entrever que con los cambios en vigor del Plan Integral de Residuos en la Comunidad la oferta presentada en su día por la UTE no se puede ejecutar y hay que llegar a acuerdos con Cespa-Ortiz para desarrollar la gestión de residuos adaptándolos a esas modificaciones, que en esencia, apuestan por la puesta en marcha de instalaciones reducidas y distribuidas por el territorio, aunque eso sí, sigue siendo necesario un vertedero comarcal. Y de nuevo, como ha sucedido en otros mandatos del Consorcio, se ha realizado una genérica apelación a la solidaridad entre municipios.Torremendo (Orihuela) y Albatera han querido esa instalación en su término municipal en el pasado. Ni ningún otro municipio la desea.

La Diputación Provincial anuló en 2014 la contrata con Cespa Ortiz porque la UTE presentó un proyecto de macrovertedero en Albatera sin contar con la titularidad de los terrenos para llevar a cabo la obra. La oferta de la adjudicataria había sido la mejor valorada por el consorcio comarcal recién estrenado el año 2008 -era 3 de enero-, para hacerse con este contrato multimillonario, contrato que además estaba en el centro del escándalo de corrupción desatado por la Operación Brugal, que se juzga a final de este año 2021. La propuesta inicial de Cespa-Ortiz para realizar la planta comarcal de residuos eran unos terrenos en la finca La Pistola, situada en Torremendo (Orihuela), pero un tribunal dio la razón a los vecinos de esta población para que no se instalara en ese emplazamiento. Cespa- Ortiz planteó entonces en 2010 su alternativa complementaria de realizar el proyecto en Albatera, pero sin contar con la propiedad ni la opción de compra de esa superficie, según los informes de la Diputación que justificaron la anulación.

Este proyecto provocó también un frontal rechazo vecinal en Albatera, Granja de Rocamora y Cox. Cespa Ortiz ha logrado sacar adelante su acción judicial, en esencia, porque estos municipios, ante la reacción vecinal, se precipitarion a la hora de modificar ad hoc sus Planes Generales para impedir la instalación de infraestructuras de gestión de basuras. Algo totalmente irregular. Y eso hubiera impedido a la empresa, tuviera o no los terrenos, realizar las obras previstas.

La resolución no va a ser fácil de gestionar para la alcaldesa de Albatera y diputada provincial Ana Serna, que no se ha pronunciado, aunque no está nada claro que Cespa tenga intención de retomar el proyecto en este municipio por esos cambios del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Si bien en el caso de Granja de Rocamora y Cox, la situación es distinta porque Cespa-Ortiz planteaba una planta de transferencia, instalación que ya está construida con capital público en Dolores y a pocos meses de ponerse en marcha. Al margen del cambio de concepto de macroinstalaciones a gestión descentralizada el problema sigue siendo el mismo: falta un vertedero comarcal.

La Vega Baja es una de las dos únicas comarcas de la Comunidad Valenciana que carece de infraestructuras propias de gestión de residuos y eliminación. En primer lugar, porque la mayor parte de los alcaldes de la Vega Baja, al margen de su signo político, optó por eliminar la mayor parte de sus residuos en el vertedero ilegal que el empresario oriolano Ángel Fenoll tenía en La Murada. Sus precios por eliminación eran imbatibles -es oportuno recordarlo-, porque una parte importante de las basuras terminaba enterrada bajo suelo agrícola sin ningún tipo de tratamiento. Y en segundo lugar por la paralización del propio contrato de gestión que en un largo y tortuoso itinerario comenzó a tramitarse en 2005, se adjudicó en enero de 2008, cambió el emplazamiento del vertedero en 2010, fue anulado por la Diputación en 2014, bajo mandato de Luisa Pastor, y ahora el juzgado lo ha rescatado para Cespa Ortiz.

La falta de esa infraestructuras ha provocado enormes sobrecostes en el transporte de residuos de todos los municipios que deben "buscarse la vida", en especial en verano, con el significativo aumento de los residuos con la actividad turística a plano rendimiento, para encontrar vertederos autorizados en Alicante y Murcia que acepten más toneladas de residuos. Vertederos que muchas ocasiones ya se están negando a recibir más residuos, pese al beneficio extra que obtienen de su eliminación.

La única instalación que se ha abordado en los últimos años, con advertencias de Cespa Ortiz en el sentido de que no se podía realizar ninguna infraestructura hasta que no estuviese resuelto el proceso judicial, es la planta de transferencia de basuras de Dolores, financiada por la Generalitat, construida por la empresa pública Vaersa sobre suelo público y que ya está prácticamente terminada. Esta planta permitirá reducir los costes de transporte de residuos. Cespa sí ha intentado, por su parte, anticiparse a la resolución judicial, presentando un proyecto de planta de transferencia en Orihuela en suelo inundable, junto al término municipal de Redován, que se ha descartado.

La contrata de recogida de residuos urbanos es el núcleo central de la conocida Operación Brugal, que investigó las conexiones entre cargos políticos de la Diputación, el empresario Ortiz, responsables de Cespa y el empresario oriolano Ángel Fenoll para que esta UTE fuese finalmente la adjudicataria del servicio. A su alrededor giran también las supuestas prebendas recibidas por esos cargos, como el entonces presidente de la institución provincial José Joaquín Ripoll, o la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, para que efectivamente esta empresa fuera la mejor valorada. De hecho, los terrenos de La Pistola,eran propiedad en origen de Fenoll. La primera fase de la Operación Brugal, que investigaba la concesión de la contrata de basuras en Orihuela, fue juzgada y todos los acusados resultaron absueltos al anularse las escuchas telefónicas que eran la mayor evidencia de la trama. Esta rama del Brugal del plan zonal se basa en las mismas escuchas telefónicas ordenadas por la Fiscalía Anticorrupción durante más de dos años a la Policía Nacional.