El PSOE acusa al PP de «cocinar» la gestión de los residuos de la Vega Baja fuera del Consorcio

Los socialistas aseguran que Teresa Belmonte «ocultó» tres meses el auto que da la gestión a Cespa-Ortiz y ha negociado antes de dar a conocer esa resolución con la UTE fuera de cauces oficiales

Teresa Belmonte, presidenta del Consorcio de gestión de residuos de la Vega Baja y alcaldesa de Bigastro

Teresa Belmonte, presidenta del Consorcio de gestión de residuos de la Vega Baja y alcaldesa de Bigastro / TONY SEVILLA

D. Pamies

D. Pamies

El PSOE reaccionó este jueves -tarde pero con dureza- ante el anuncio el miércoles de la presidenta del Consorcio de gestión residuos de la Vega Baja, Teresa Belmonte (PP) de que la vía judicial para impedir que la UTE Cespa (Ferrovial) - Ortiz asuma la gestión de los residuos de la Vega Baja está perdida por completo. Un contrato condicionado por la investigación del caso Brugal y que anuló la Diputación bajo mandato de la popular Luisa Pastor en 2014, que la multinacional y el empresario alicantino han recuperado a golpe de recurso en los tribunales.

Los representantes socialistas del Consorcio Vega Baja Sostenible denunciaron ayer públicamente lo que consideran un «trato humillante, maleducado, alejado de cualquier atisbo de lealtad institucional y casi vejatorio» de la presidenta del ente público de gestión en el que está presente los 27 municipios de la comarca, Teresa Belmonte (PP), hacia «los legítimos representantes de los vecinos de los municipios en la Vega Baja en esa entidad de gestión». Y sobre todo señalaron su sorpresa por el hecho de que la presidenta reconociera durante la sesión que ha mantenido conversaciones con Cespa Ortiz sobre el futuro de la gestión de las basuras en la Vega Baja. Reprochan a Belmonte que «con la connivencia de la Diputación, su jefe Carlos Mazón y muchos representantes comarcales del PP estén cocinando el futuro de los residuos de la Vega Baja».

Para el PSOE «no es de recibo que desde marzo se conozca la inadmisión del recurso de casación interpuesto en 2019 por parte del Tribunal Supremo y se dé cuenta oficialmente a día 30 de junio, tres meses después». El PSOE mantiene que desde hace más de dos meses «las empresas en liza» y la máxima representante del Consorcio «están preparando un plan de gestión del que ninguno de los alcaldes tenemos conocimiento sobre su contenido, pretensiones ni objetivos».

El PSOE teme que «esta iniciativa y el proyecto que se presente esté nuevamente salpicado por la duda de otras épocas -el caso Brugal que investiga a Cespa-Ortiz-». Los alcaldes socialistas esperan que « esta forma de proceder torticera, desleal, oscura y malintencionada» de Belmonte «no derive en una secuela del mundialmente conocido Caso Brugal, con los actuales responsables del Consorcio haciendo paseíllos judiciales».

Belmonte, a juicio de la misma fuente, ha «ocultado deliberadamente esta resolución judicial sin que sepamos con qué objetivo lo ha hecho». Los alcaldes socialistas - «y muchos del PP que ahora guardan silencio no podemos entender la alegría desbordada que manifiesta la presidenta, Teresa Belmonte, por la adjudicación definitiva del contrato (a Cespa Ortiz, empresa a la que el comunicado del PSOE no menciona ni una sola vez), pese a quedan muchos asuntos judicializados, en los cuales la mayoría de nombres son de responsables del PP». Para el PSOE resulta «tremendamente sospechoso» que la presidenta del Consorcio Vega Baja «haya admitido -en sede parlamentaria de la Diputación- su participación en múltiples reuniones informales» con Cespa Ortiz antes de que diera a conocer la inadmisión del recurso. Los socialistas muestran su sorpresa porque a la también alcaldesa de Bigastro «estos encuentros que ahora le parecen normales, en la legislatura anterior no se lo parecieron, e incluso se consideraron merecedores de denuncias en el ámbito judicial». Y recuerdan a Belmonte que estarán «atentos y vigilantes para que el proyecto final sea adecuado, explicado correctamente a la ciudadanía de la Vega Baja y consensuado con todos los actores». El PSOE asegura que no va «a tolerar que se presente como algo inevitable y sin posibilidad de mejora porque no vamos a comulgar con sus ruedas de molino».

El PSOE matiza que es «consciente de que se trata de un contrato inasumible a día de hoy - el pliego se redactó en 2005- con la nueva normativa del Plan Integral de Residuos de 2019 en la mano». Algunos de sus alcaldes, además, consideran que es momento para que la gestión de los residuos se resuelva ya aunque sea a través de Cespa-Ortiz, adaptándose a la legislación, algo que las declaraciones del PSOE oficiales no recogen.

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