La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal que representa al 80% del sector, considera que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, sobre el recurso de casación interpuesto por Ribera Salud contra la reversión del Hospital de La Ribera de Alzira, supone «ante todo una garantía contra las decisiones arbitrarias o no suficientemente justificadas de las administraciones públicas en los procesos de reversión de servicios e infraestructuras públicas gestionadas bajo concesión a entes privados».
ASPE pide rectificar a la Generalitat valenciana en el caso de la futura reversión del Hospital de Torrevieja, cuyo concesionario espera que se pueda prorrogar la concesión, tal como contempla el contrato y cita los propios informes oficiales y auditorías de la Generalitat para avalar la eficacia del modelo de gestión, como el de la Sindicatura de Cuentas que refleja que la asistencia sanitaria en Torrevieja supone un ahorro del gasto corriente público de un 30% de ahorro sobre el gasto medio de los hospitales de su misma categoría.
La sentencia desestima la petición de Ribera de anular la reversión del Hospital de Alzira en octubre de 2018, tal y como avanzó la edición digital de INFORMACIÓN el jueves, pero resuelve que las reversiones de concesiones administrativas deben estar avaladas y justificadas por estudios y memorias económicas que garanticen que el rescate no va a suponer un perjuicio para el interés genera. Tanto la patronal de la sanidad privada como Ribera -que forma parte del grupo asegurador sanitario norteamericano Centene Corporation- han hecho una interpretación favorable del fallo. Dando por hecho que «tumba» la reversión prevista del área de Torrevieja por parte del Consell para octubre próximo. Sin embargo, la sentencia considera que las reversiones deben llevarse a cabo pero una justificación económica por parte de la administración.
Un fallo del TS avala el modelo de reversión que Sanidad pretende aplicar en Torrevieja
ASPE «exige» a partir de esta sentencia del Supremo que dicta jurisprudencia, que las administraciones públicas sanitarias «velen por la eficiencia del servicio al ciudadano, evitando que éste se vea condicionado por decisiones puramente de carácter ideológico en contra de la calidad asistencial y el buen funcionamiento de los servicios en concesión». Para Carlos Rus, presidente de ASPE, «hay decisiones políticas que nos confirman que la ideología se antepone al bien común». ASPE considera que la eficiencia de la colaboración público-privada y del sistema concesional en materia de salud «no debe ser tergiversada con falsos mensajes de privatización a la ciudadanía, que no responden a la realidad».
Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, cree que el rechazo del Supremo al recurso de Ribera Salud «avala las políticas del Botànic y rechaza «los intentos de la empresa concesionaria para detener la reversión». Remarcó la defensa del Consell del modelo de gestión pública «frente a los que quieren hacer negocio» de la sanidad y dijo que el Botànic es el «primero gobierno de Europa» que «desafía el dogma neoliberal, que empuja a la privatización de los servicios públicos y hace el camino contrario».