El concejal de Patrimonio, Rafael Almagro (PP) confirmó en la última sesión plenaria que el Ayuntamiento ha agotado el último recurso judicial frente a los vecinos del residencial Bella Vista de Cabo Roig, que exigen ejecutar la sentencia que les permite cerrar el sendero peatonal pegado a los jardines de sus viviendas. Lo hizo en contestación a una pregunta en el pleno por parte de la Asociación de Vecinos Orihuela Costa en Acción (AVOCA)

El Tribunal Supremo ha desestimado la admisión del recurso municipal de casación contra la decisión del TSJ que da la razón a los vecinos y que dice que el derribo municipal en 2015 del muro que impedía el paso por este sendero de 60 metros junto al mar en acantilado fue ilegal. 

Su cierre entre Aguamarina y Cabo Roig implica un rodeo de dos kilómetros. Almagro explicó que se ha buscado un acuerdo extrajudicial sin éxito y matizó que cree que sobre el terreno la aplicación de la sentencia con el cierre, que es lo que puede hacer valer desde ya la propiedad, es inejecutable y que debe expropiarse el suelo. Arremetió contra el exconcejal de Urbanismo, Antonio Zapata que en 2015 ordenó derribar la valla y el muro que colocaron los vecinos en 2013, cuando debió iniciar la expropiación en ese momento. 

En el origen de este conflicto, como en el de docenas en Orihuela Costa, está en la gestión urbanística. El residencial fue aprobado encaramado al acantilado antes de aprobarse la ley de Costas y el PGOU en 1990, que dispuso que la primera línea fuera de equipamiento público. Durante 20 años el Ayuntamiento no se encargó de ejecutar esa previsión. Los vecinos cerraron el paso por un suelo de su propiedad pero que daba continuidad al uso público como paseo de todo el frente litoral.

Senda peatoral en suelo de propiedad privada pegado a los jardines de las casas que el Ayuntamiento deberá expropiar si quiere mantener su uso público TONY SEVILLA