Los facultativos del departamento de salud de Orihuela manifiestan sentirse «indefensos» ante la retirada del servicio de vigilancia de seguridad en los centros de salud el pasado 9 de noviembre.
Un servicio que los todos los profesionales sanitarios consideran «esencial» para poder realizar su trabajo «correctamente» y que llevaba en vigor desde el 1 de diciembre de 2020, cuando por las continuas amenazas físicas y agresiones verbales a los sanitarios, desde el departamento incrementaron la seguridad de los centros de salud. Desde esa fecha los dos centros de Orihuela, el de Almoradí y Callosa de Segura contaron con personal de seguridad en la entrada y, en todos los centros sanitarios del área instalaron cámaras de vigilancia para prevenir las agresiones a todo el personal que allí trabaja.
La preocupación de los sanitarios no es en vano. «Muchas veces estamos vendidos y no es la primera vez que hemos tenido que denunciar a algún paciente por insultos y amenazas». Pese a que en la puerta de los consultorios hay un cartel que prohíbe insultar a los galenos, «no hacen caso. En una guardia hubo una familia que llegó muy alterada, salí a pedir tranquilidad ante el alboroto. Se pusieron peor e incluso dieron un golpe al cristal de la puerta y lo rompieron. Aquí atendemos a todos los pacientes pero la mala educación se queda en la puerta», explica una sanitaria.
Los facultativos temen que los episodios de agresiones e injurias prosperen. Puestos en contacto con la Conselleria, afirman que tras el fin del contrato «están estudiando volver a dar de alta este servicio en los centros de salud».
Desde el Sindicato Médico, ente que solicitó que se ampliara la seguridad en los centros de salud de la comarca por el repunte de agresiones verbales, José Manuel Peris comenta que «esta decisión de la Conselleria era porque apenas habían habido incidentes durante estos meses que pudieran condicionar el gasto de un vigilante de seguridad en los centros de salud. Según me comentan profesionales que trabajan en los centros de salud, prácticamente ha habido decenas de incidentes todos los meses».
El delegado del sindicato médico en el departamento de Orihuela afirma que «nos parecería un escándalo que estuviera documentado esto con decenas de incidentes todos los meses por escrito y que la Conselleria diga que apenas ha habido unos incidentes mínimos durante muchos meses. Somos profesionales, estamos para atender a los pacientes de la mejor forma posible pero no somos nosotros quienes tenemos que poner orden en los centros de salud. No tenemos que aguantar que nos insulten o que nos amenacen de muerte como el otro día sucedió en el centro de salud de Callosa de Segura. Desde el Sindicato Médico nos parecería un verdadero escándalo que se haya retirado la seguridad de los centros de salud por un problema económico. Y que hayan estado habiendo multitud de incidentes documentados por escrito y, según me cuentan mis compañeros, el tema continúa igual. Un auténtico escándalo que denunciamos».
Para corroborar estos hechos, uno de los vigilantes de seguridad que estuvo en estos centros confirma la situación de desamparo de los sanitarios. «A diario ha habido incidencias de todo tipo. Hemos tenido que contener a pacientes psiquiátricos, gente que está descontenta con el servicio y los protocolos covid, personas indocumentadas, sin papeles, gente que intentaba acceder al servicio con la documentación de otra persona y muchas amenazas que no han pasado a mayores porque se invitaba al paciente a abandonar el centro. Cuando sobrepasaba nuestras funciones llamábamos a la Policía Local o Guardia Civil».
Además, este vigilante asegura que «muchos médicos por no meterse en follones, evitan la denuncia, se llevan el susto y una vez que ha pasado, ya está. Con nosotros se sienten respaldados, estaban agradecidos y nos tenían en cuenta», incide.
Algunos de los casos que este diario ya documentó ocurrieron en Rafal, donde un paciente llegó a amenazar a un médico con poner una bomba. Mientras que en Orihuela una doctora del consultorio de Virgen del Camino tuvo que dejar de ir los jueves, cuando el administrativo no estaba, «tras ser amenazada por un individuo por una baja cuando estaba sola, lo que le ha creado ansiedad», como comentó Peris. El más reciente ocurrió en Callosa de Segura, horas antes de que Conselleria diera de baja el servicio de seguridad, cuando un doctor recibió amenazas de muerte mientras realizaba una guardia.
