Que algunas zonas verde de la costa de Orihuela están en un estado lamentable lo saben los vecinos e incluso se recoge en informes de los técnicos. Cambiemos anunció ayer que ha denunciado en Fiscalía Anticorrupción irregularidades en el servicio de mantenimiento para que se investigue si son constitutivos de delito por prevaricación y malversación de caudales públicos. La formación ha acompañado la denuncia con 40 documentos para exponer una serie de hechos sobre un servicio que se está prestando sin contrato desde hace casi cinco años, ya que se inició en marzo de 2011 y finalizó su última prórroga anual en febrero de 2017, una situación ilegal desde el punto de vista administrativo que deriva en informes en contra de la Intervención municipal a la facturación que presenta la empresa por el servicio prestado.
A juicio del concejal Javier Gracia, «es inaceptable», porque «está provocando un grave perjuicio económico al Ayuntamiento, puesto que al pagar las facturas con retraso la empresa está exigiendo intereses de demora de miles de euros». Ya el pasado mes de enero el Ayuntamiento tenía previsto para mediados de este año -algo que finalmente no se produjo- adjudicar un nuevo contrato para el mantenimiento de las zonas verdes en la costa oriolana, que cubriría la conservación de 1.150.000 metros cuadrados de parques y jardines con un coste de casi 2,2 millones de euros anuales, una cantidad que podría bajar en función de las ofertas que se presentaran al concurso.
Gracia señaló que han detectado que algunas de las obligaciones de la actual gestora (Actúa) están siendo derivadas desde la Concejalía de Infraestructuras a otras empresas mediante adjudicaciones directas y contratos menores. «Para justificar esto hay incluso informes que dicen que es necesario realizar actuaciones en las zonas verdes, debido al mal estado en que se encuentran», añadió el edil. Sin embargo, continuó, «sería más lógico pedirle responsabilidades a la empresa responsable de un servicio mal prestado en vez de recurrir a otras para que subsanen esas deficiencias». Mientras, «la adjudicataria sigue cobrando mensualmente el importe íntegro de la prestación sin que se le reste nada por incumplimiento», lo que se traduce en que «se está pagando, supuestamente, dos veces por lo mismo».
Por su parte, Antonio Cerdán, portavoz de Claro, indicó que «Infraestructuras, responsable de los parques y jardines, no hace sus deberes». En su opinión, «sin recursos ni personal suficiente, seguimos sin saber nada del contrato que aliviaría estas deficiencias y que se anunció hace meses», a lo que agregó que la gestión de la concejalía es «nefasta», recordando, por ejemplo, los vertederos de podas improvisados y sin permiso frente al colegio Los Dolses.
