Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana va a obligar al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas al abono de 248.000 euros, más los intereses legales por la ocupación "vía de hecho" de unos terrenos de propiedad privada para trazar varios viales, según ha informado la Asociación de Vecinos de San Miguel "San Miguel Arcángel". A esa vía de hecho se le denomina en términos legales a la "privación de la propiedad privada sin que la administración haya cumplido con los trámites previstos por la Ley". Por su parte el alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE) ha indicado que la "expropiación de la que hablamos viene de los años 80 de la primera o segunda legislatura de la democracia, nosotros solo hemos tenido que acatar dicha sentencia in extremis , se perdió en primera instancia y en segunda, por lo que se ha pagado lo que dictaminó judicatura".
Este dilatado litigio hunde sus raíces en 1988. Año de aprobación de las Normas Subsidiarias, que son las vigentes normas urbanísticas del municipio. Los demandantes han reclamado desde entonces al Ayuntamiento, de manera infructuosa hasta ahora, una indemnización por la ocupación de terrenos de su propiedad "sin justo título ni procedimiento alguno”. En total son 235,09 metros cuadrados y 556,86 metros cuadrados para abrir dos viales, que corresponden a las calles Quevedo y Padre Jesús, según se recoge en la sentencia.
Esta sentencia se suma a otra acometida en el ejercicio presupuestario de 2021 achacables ambas a deficiencias en la gestión urbanística. El ayuntamiento ha abonado 600.000 euros a un particular por otra sentencia del TSJCV equivalentes al abono de 436.839 euros, más los intereses de demora para la expropiación de un suelo calificado de dotacional escolar en las Normas Subsidiarias de planeamiento de 1988; pero que el ayuntamiento no había ejecutado, como recogió INFORMACIÓN.
En un año las arcas municipales, "es decir los contribuyentes", señala la Asociación de Vecinos de San Miguel, deberán de hacer "frente en torno a un millón de euros para el abono de estas dos sentencias judiciales".
Ambos procedimientos judiciales tienen su origen, en opinión de los vecinos, "en defectos de la gestión urbanística de hace tres décadas". Los contribuyentes "estamos abonando esta factura con una mayor presión fiscal, por ejemplo, a través de los recibos del IBI y del agua, con una falta de inversiones productivas y de servicios y unos raquíticos servicios públicos". Consideran el fallo un nuevo "varapalo judicial al ayuntamiento de San Miguel de Salinas por la gestión urbanística hipoteca al municipio y mantiene al alza la presión fiscal a los contribuyentes".
