La Audiencia Provincial de Murcia, a través de 26 autos que acaban de ser notificados a las partes, ha sobreseído el caso de presunta corrupción de las obras del AVE en el tramo comprendido entre Crevillent y la capital murciana para dos exaltos cargos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), al tiempo que mantiene como investigados a otras cincuenta personas, según Efe. Y mantiene la investigación sobre 50 personas más. El procedimiento indaga en el desvío de hasta 50 millones de dinero público en la presunta simulación de unas obras que nunca existieron de reposición de servicios de infraestructuras agrícolas y otras por el paso del trazado del AVE.
La resolución que exime de responsabilidad penal recae sobre los que en el momento de los hechos eran director general de Grandes Proyectos y director de Infraestructuras de la Línea de Alta Velocidad. La misma medida ha sido acordada con respecto al que era secretario de la comunidad de regantes San Felipe Neri -aunque siguen encausados otros responsables de entonces de la misma comunidad, con sede en esta pedanía de Crevillent situada junto a Catral, al tiempo que la Audiencia acuerda retirar la condición de investigados a cinco de los encausados, que pasan a ser responsables civiles subsidarios o partícipes a título lucrativo.
Los autos de este tribunal estiman, con esas resoluciones, tres de los 26 recursos que los investigados presentaron contra la resolución del juzgado de instrucción de Murcia de diciembre de 2020 que concluyó la investigación y acordó la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado.
Algunos informes incorporados a la causa apuntan a que la suma total desviada en obras infladas de reposición de servicios que no existían podría superar los cincuenta millones de euros.
En este caso se indaga en si los investigados pudieron llevar a cabo actuaciones delictivas aprovechándose de las obras de reposición de las redes hidráulicas afectadas por las obras del AVE en el citado tramo. Las diligencias se siguen por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa, blanqueo de capitales, falsedad y otros. Entre el medio centenar de investigados sobre los que continua la causa están empleados vinculados en su día al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, las constructoras de los cuatro tramos en los que se denuncia el fraude San José, Acciona, Dragados, Sacyr, Tecsa, Neopul, Construcciones Villegas y Construcciones Hormigones Martínez.
La acusación que ejerce la Abogacía del Estado pide para estas empresas que sean condenadas a pagar una multa equivalente al triple de las cantidades defraudadas, que los investigadores consideran que superaron los cincuenta millones de euros. Afirma la Abogacía del Estado que este presunto fraude fue cometido con ocasión de los concursos de construcción del citado tramo del AVE y que se concretó especialmente en las obras de reposición de las redes de regadío.
Se investiga si los imputados pudieron aprovecharse de las obras de reposición de las redes hidráulicas afectadas por las obras del AVE con presuntos delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales, falsedad y otros.
Entre los encausados en esta investigación que se inició en 2015 se encuentran responsables de empresas constructoras, el director y el interventor de una oficina bancaria, un ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, entre otros. Algunos informes incorporados a la causa apuntan a que la suma total desviada podría superar los cincuenta millones de euros.
La línea del AVE entre Elche y Orihuela se puso en marcha en 2021. El soterramiento de las vías en Murcia capital culminará el proyecto en los próximos meses.
