Un juzgado ha dado la razón a una vecina de la Vega Baja que vio denegada su petición de ayuda por los daños estructurales en su vivienda provocados por la DANA de 2019, por un error de la administración, y ha condenado a la Generalitat a aportar los 3.500 euros que había solicitado. En la convocatoria de ayudas directas y urgentes que se establecieron entre las primeras medidas por la pérdida de bienes de primera necesidad -electrodomésticos como frigoríficos o lavadoras-, la Conselleria de Presidencia incluyó por error un modelo que aludía también a la subvención por daños estructurales de las viviendas, pese a que esta convocatoria no los contemplaba-, y que muchos afectados rellenaron sin que luego la pudieran obtener.
La Generalitat incluyó en los pliegos de petición de ayudas por pérdidas de bienes básicos un modelo para reclamar también daños en viviendas, pese a que la convocatoria no los cubría, pero muchos vecinos sí la solicitaron y les fue denegada
Semanas después, la Generalitat decidió impulsar otra convocatoria de ayudas específicas y exclusivas para responder por daños estructurales en viviendas, esta vez gestionada por la Conselleria de Vivienda. Cuando la Generalitat fue recibiendo la remesa de peticiones de la primera convocatoria más de un año después, el 7 de diciembre de 2020, denegó en bloque sin más análisis de detalle todas aquellas en las que se había rellenado también el modelo que solicitaba ayudas para daños estructurales. En total fueron 8.500 solicitudes las descartadas, según el abogado Antonio Enrique Penalva, quien explica que esta resolución judicial puede abrir la puerta a que miles de damnificados de aquel desastre en la Vega Baja cuyas peticiones de ayuda fueron rechazadas, puedan reclamar ahora a la administración. Este letrado de Callosa de Segura defendió a una de las ciudadanas afectadas y demandó contra la resolución de la administración autonómica. El juzgado de lo Contencioso Administrativo de València Número 8 acaba de estimar esta demanda confirmando el error de la Generalitat, la falta de coordinación y la ausencia de información a los damnificados, que solo fueron alertados en algunos casos y cuando la convocatoria correcta ya había cerrado su plazo de presentación. No cabe recurso por parte de la administración.
La vecina alegó que la Generalitat debió advertir a los ciudadanos que habían cumplimentado la documentación errónea que existía ese defecto, además de dar instrucciones para actuar en ese caso. Unos argumentos que además asumió el Síndic de Greuges después de una queja interpuesta por la misma damnificada, tal y como incorpora la sentencia.
El juez indica que la demandante "actuó bajo el principio de confianza legítima, al cumplimentar aquel apartado, en la creencia de que aquel concepto correspondía con las ayudas convocadas, pues se incluye en la documentación facilitada por la administración". Además la Generalitat ni siquiera revisó las solicitudes presentadas "lo que le hubiera permitido comprobar que en determinados casos, las personas habían solicitado una ayuda por daños estructurales en sus viviendas que no se correspondían con el objeto de la convocatoria". Lo que le hubiera dado a los afectados, insiste el magistrado Pablo de la Rubia, la oportunidad de subsanar sus solicitudes informándoles y no "limitarse a desestimar de plano las solicitudes presentadas por un error propiciado también por la Administración".
Por su parte, según recoge el informe del Síndic, la Conselleria de Presidencia sí llegó a enviar una consulta a la Conselleria de Vivienda preguntando cómo trasladar los expedientes relativos a los daños estructurales, sin embargo no obtuvo respuesta. Una situación que también fue cuestionada por el Síndic en su resolución ante la evidente falta de coordinación entre departamentos, además de los defectos en el diseño y la difusión de la convocatoria, y de los fallos en la evaluación de las solicitudes.
Para el caso concreto de la demandante, el juzgado no solo ratifica el error de la Generalitat, sino que reclama que se le abone la ayuda pública de 3.500 euros que había solicitado, más los intereses. El abogado Penalva advierte que la mayor parte de vecinos afectados por la DANA esperaban recibir una ayuda por los daños producidos en sus viviendas en esa convocatoria pensando "que habían tramitado bien los papeles en su ayuntamiento", pero no solo vieron cómo se les denegaban la ayuda. "Muchos de ellos ni se enteraron de que había un error" en la solicitud que cumplimentaron, tampoco que hubiese unas ayudas específicas posteriores y por supuesto, ignoraban el derecho que les amparaba para que fueran valoradas sus peticiones. "La Generalitat hizo tabla rasa por algo que fue un error de la administración", señala Penalva quien considera que todos los afectados deberían acudir a su administración local -la mayor parte de municipios afectados abrió una oficina específica para tramitar las ayudas-, y reclamar que se subsane el error.
El abogado Antonio Enrique Penalva, que llevó el caso al juzgado de una vecina damnificada, urge a todos los que vieron denegada su ayuda a informarse en sus ayuntamientos, que fueron los encargados de tramitar la documentación, y se les reconozca la ayuda
19 MILLONES EN AYUDAS DIRECTAS
La Generalitat Valenciana culminó a principios de 2021 el pago de todas las ayudas destinadas a la compra de bienes de primera necesidad para los afectados por la DANA de septiembre de 2019, tras destinar cerca de 19 millones de euros. Un total de 7.500 familias (algunas obtuvieron más de un pago al ser propietarias de más de una vivienda afectada), han recibido los 1.500 euros que se abonaron directamente a todos los afectados, y un 18% de ellas (1.541 solicitudes) han visto ampliada la ayuda en otros 3.000 euros (4.500 euros en total), una vez que los peritos comprobaron que los daños en bienes de primera necesidad en la vivienda superaban los 1.500 euros que adelantó el Consell. La línea de ayudas de la Conselleria de Vivienda para daños estructurales estaba dotada con 30 millones de euros.
Otra de las derivaciones de la gestión que realizó la Generalitat fue el de la estimación de los daños, lenta y farragosa. Los técnicos de Tragsa, una empresa pública dependiente del Consell, acudieron a realizar las tasaciones en función de las peticiones in situ, pero en muchos casos no avalaron los daños e incluso realizaron segundas visitas.
Mientras que de la partida para ayudas directas se concedieron la mayoría de las previstas 19 de 21 millones, se desconoce qué porcentaje de los 30 millones por daños estructurales se han concedido finalmente.
