Rafael Almagro, portavoz del grupo popular de Orihuela y concejal de Hacienda y Patrimonio en el anterior mandato, ha tachado las declaraciones de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, de "desleal" y que "falta a la verdad". Esto se produce después de que Bravo mantuviera una reunión con el nuevo equipo de gobierno, agradeciendo su compromiso y disponibilidad para adquirir los terrenos necesarios para ampliar el Palacio de Justicia. En concreto, la consellera aseguró que en octubre de 2020 la Generalitat compró la sede judicial con el fin de casi duplicar las instalaciones, pasando de los 3.900 metros cuadrados actuales a 7.500. Sin embargo, "desde entonces estamos pendientes de que el Ayuntamiento cumpla con su parte del acuerdo", subrayó Bravo, que fue muy crítica con "la mala gestión del gobierno del PP". Incluso, afirmó: "Hemos enviado varios requerimientos y la respuesta siempre ha sido el silencio".
En este sentido, Almagro también ha sido muy crítico con las palabras de la consellera, basándose en que durante el año 2021, prácticamente todos los meses, "el contacto con el equipo de la consellera fue constante y fluido", ha incidido. Pero sobre todo a tenor de "un abultado expediente administrativo" que da cuenta de los pasos que se siguieron y porque "el plazo que se estipuló no ha vencido".
En este sentido, el concejal desvela la cronología de los pasos que se han ido efectuando. Así, el 29 de octubre de 2020 la Conselleria solicita información sobre la titularidad de cinco inmuebles, a lo que el Ayuntamiento da respuesta tan solo unos días después. En diciembre la Generalitat pide la cesión de tres de los cinco inmuebles. Por parte del Ayuntamiento, se hace el encargo al técnico para un "estudio topográfico, medición y georreferenciación del futuro solar agrupado", y se establecen negociaciones con el propietario de una de las viviendas solicitadas para la ampliación.
En julio de 2021 se emite informe-propuesta para la adquisición directa de vivienda, algo que no es posible realizar porque existen unos inconvenientes en la titularidad registral de una de las fincas y que fue necesario subsanar, hecho que se produce a finales del mes de septiembre. "Llegados a este punto es necesario volver a retrasar el inmueble al haberse producido su demolición", ha explicado Almagro. Ya este pasado 22 de febrero se realiza un ofrecimiento de dos solares colindantes más a favor del Ayuntamiento.
Mientras, por parte de la Conselleria fue rechazado el ofrecimiento de otro solar por no ser colindante con el Palacio de Justicia, aunque sí muy próximo. Almagro también ha recordado que los solares por los que se interesa la Generalitat están dentro del ámbito del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico, por lo que las licencias deberán estar condicionadas a su cumplimiento.
Todo ello arranca desde el 21 de noviembre de 2017, cuando ambas administraciones firmaron un convenio coincidiendo en "la importancia de dotar a la población de Orihuela y su partido judicial [21 municipios] de unas instalaciones acordes a sus necesidades reales", expresa el documento. Básicamente, lo que se hizo fue regularizar la situación patrimonial de los antiguos y nuevos juzgados: la Generalitat compró la sede judicial de la plaza de Santa Lucía y cedió los antiguos juzgados en la calle Santa Justa para que el Ayuntamiento adecuara el edificio para dependencias municipales.
A cambio, el Ayuntamiento se comprometía a comprar el solar colindante y a ceder gratuitamente los terrenos necesarios y suficientes a la Generalitat para que esta proceda a la ampliación, indica el convenio, que también establece para la cesión un plazo máximo de tres años desde la petición, por lo que finalizaría a finales del año que viene.
