El pleno municipal ordinario del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas del mes de noviembre de 2021 aprobó la modificación de las ordenanzas fiscales del agua potable, alcantarillado y mercadillo. La modificación consistía en una bonificación del 50 % en el recibo del agua potable y alcantarillado de los comercios e industrias y de la tasa por ocupación de vía pública del mercadillo, ambas durante dos años, para paliar los efectos de la pandemia en estos sectores, según se manifestó en la sesión plenaria. Los argumentos básicos del recurso fueron la falta del preceptivo informe técnico-económico exigible antes de aprobar la modificación de una ordenanza fiscal y que las bonificaciones fiscales por Covid no son un motivo de exención tributaria legalmente previsto en la Ley Tributaria y la de Haciendas Locales. El Ayuntamiento, que sólo tiene potestad reglamentaria; no puede aplicar unas bonificaciones que las leyes tributarias no prevén. Lo que han hecho otros municipios para compensar a determinados sectores como la hostelería es suspender la ejecución de determinadas ordenanzas, sobre todo la de ocupación de vía pública para el caso de actividades de restauración o mercadillo.
La asociación de vecinas y vecinos de San Miguel alegó contra estas modificaciones porque en el punto anterior de ese mismo pleno se rechazó su solicitud de rebajar el IBI a los contribuyentes en base a unos argumentos que, acto seguido, no se tuvieron en cuenta a la hora de aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales.
En el pleno, que dejó sin efecto la modificación, el concejal de Hacienda Raúl Moreno, portavoz del PSOE aseguró, según recoge en una nota de prensa el colectivo vecinal que "es sorprendente que alguien alegue a una ayuda para el sector comercial del pueblo, pero tienen que admitirlas porque tienen una base legal". En la misma línea el portavoz de la oposición del PP, Sergio Correas argumentó que "es un despropósito tanto el error que se ha podido producir como el que alguien vaya en contra de la bajada del agua para los sectores más desfavorecidos". Para los vecinos ambos concejales "tergiversaron el sentido de las alegaciones presentadas por la asociación, que propuso que se exploraran otras vías de ayuda al sector, acordes con la legislación vigente".
Para la misma fuente vecinal "lo realmente importante y lo que de verdad preocupa es que hayan fallado todos los controles tanto los administrativos como los políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición, y que se diera luz verde a la modificación de las referidas ordenanzas fiscales sin que se advirtiera del error y saltara la alarma".
En Torrevieja, por ejemplo, fueron los propios técnicos y la oposición los que advirtieron al equipo de gobierno que no se podían aplicar bonificaciones a las ordenanzas fiscales como impulsó inicialmente en 2020.Y directamente el Ayuntamiento suspendió la aplicación total de la ordenanza. El gobierno ha mantenido la ordenanza suspensa hasta la fecha con lo que deja de ingresar en torno a un millón de euros al año.
