Las alegaciones a la aprobación provisional de la ordenanza fiscal de la plusvalía realizada reclaman que se aplique un "impuesto progresivo y ajustado a estos tiempos de crisis". A mayor poder adquisitivo o capacidad económica, "mayor porcentaje se tendrá que pagar como medida redistributiva de las cargas fiscales y, por tanto, de protección a las familias más desfavorecidas", señalan las peticiones de registradas por la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel al texto.

Alegaciones pretenden que se reconsidere el criterio aprobado por el gobierno PSOE-IU de aplicar un gravamen único y generalizado del 30%, que es el tope máximo permitido por la ley, para cualquier período de generación del devengo. Ante esta decisión el colectivo vecinal propone la aplicación de un coeficiente reductor del valor del suelo del 7% de la base imponible en el año 2022 dentro del margen permitido por el artículo 107.2 de la ley reguladora de las Haciendas Locales por la reciente actualización del valor catastral de los inmuebles en el municipio. También la modulación de los coeficientes y gravámenes aplicables en función del año de venta del inmueble desde la última transmisión e intentando "limar" los perfiles más gravosos, según las tablas establecidas en la Ley de Haciendas Locales.

El colectivo cree que la bonificación del 95% en las transmisiones no debería aplicarse en todos los casos y sí en función del valor catastral de la vivienda

La asociación pide, como motivo de exención del pago de la plusvalía, la dación en pago de la vivienda habitual o la transmisión de la vivienda habitual en ejecuciones hipotecarias o notariales, "un supuesto legalmente aplicable y que las plataformas antidesahucios demandan a los ayuntamientos". En el caso de transmisión de inmuebles por causa de muerte (las herencias) frente a la propuesta del Ayuntamiento de la exención de un 95% en todos los casos, la asociación propone "una bonificación gradual en función del valor catastral del inmueble". La bonificación del 95% sería aplicable en el supuesto de que el valor del inmueble fuera inferior a 100 cien mil euros, en una escala que iría disminuyendo hasta el 25% en el caso de que el inmueble superara el valor de los 250.000. En todo caso, la bonificación sería del 95% en el caso de que el adquiriente, empadronado en la vivienda, tuviese la condición de parado, pensionista, menor de 30 años, discapacitado, especialmente en el caso de gran invalidez, o víctima de la violencia de género.

La asociación "espera y desea" que un ejecutivo progresista sea sensible a las medidas propuestas, cuyo principal pretensión es la de suavizar y redistribuir la presión fiscal a todos los contribuyentes, pero, de manera especial, a favor de los sectores sociales más desfavorecidos.