176 días esperaron los padres de una menor de 16 años en ser informados por el departamento de salud de Torrevieja de que la ecografía mamaria que la médico de cabecera de su hija solicitó el 2 de noviembre de 2021 había sido anulada. Fue descartada por una radióloga veinte días después, el 22 de noviembre de ese año, pero ellos no se enteraron, y solo tras numerosas reclamaciones y un escrito a la gerencia, recibieron respuesta el 12 de mayo pasado con esa información.

La secuencia viene relatada en una resolución de una queja formulada por los padres ante el Síndic de Greuges en la que reprocha a la Conselleria de Sanidad no haya "extremado al máximo" su deber de dar respuesta "expresa y directa" a los escritos que los ciudadanos dirigen a las administraciones. Además el Defensor del Pueblo valenciano, Ángel Luna, insta a la administración sanitaria autonómica a proceder "a la mayor brevedad" a responder a las hojas de queja en la que los padres solicitaron el 8 de marzo y el 28 de abril pasados a la Conselleria de Sanidad que les informaran sobre la situación de la prueba.

Según la resolución a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN sobre la investigación de la queja del Síndic sobre este caso la Generalitat no solo no dio respuesta a las quejas registradas por los interesados, también pasó de contestar a la propia institución con información detallada al expediente abierto por el Síndic -algo bastante habitual para el caso de quejas abiertas en la Sindicatura contra la administración sanitaria por esta institución-.

Una de las puertas de acceso de Urgencias del Hospital de Torrevieja TONY SEVILLA

En este sentido, Luna recuerda la "obligación legal" de los poderes públicos de colaborar con el Síndic en sus investigaciones facilitando la información solicitada -algo que la gerencia del departamento de salud no ha hecho en este caso- y contestando a las recomendaciones, sugerencias o recordatorios de los deberes legales de la administración.

La Sindicatura, sin abundar en el criterio médico para descartar la prueba, acuerda además que la Conselleria de Sanidad le remita en el plazo de un mes el "informe en el que manifieste la aceptación de las consideraciones que realizamos indicando las medidas a adoptar para su cumplimiento, o las razones que estime para no aceptarlas".

La queja recoge que desde el 8 de noviembre los padres estaban pendientes de la práctica de una prueba diagnóstica por una presunta anomalía en un pecho de su hija, una menor de 16 años, tras la petición de la médica de cabecera en el centro de salud de Patricio Pérez. Relatan los padres que pasaron los días sin recibir información alguna hasta que presentaron telemáticamente dos escritos dirigidos a la Conselleria de Sanidad el 8 de marzo y el 28 de abril pasados sin recibir respuesta.

Finalmente los afectados 5 de mayo el escrito se dirigieron directamente a la gerente Pilar Santos rogándole "que se pusiera" en su lugar como padres de una menor que según su médica de cabecera precisaba de la práctica de una prueba. El 10 de mayo presentaron la queja al Sindic y casualmente, dos días después, el 12 de mayo la gerencia respondió que la prueba había sido anulada por una radióloga por innecesaria. La facultativa la suspendió el 22 de noviembre de 2021 "al no estar justificada clínicamente en ausencia de lesiones palpables", aunque la menor, recuerda el padre, no había sido explorada por especialista alguno.

Indignación

Al tiempo el Síndic pidió a Sanidad que respondiera por la demora en la práctica de la prueba y cuándo estaba prevista; por los motivos de la falta de respuesta expresa a las hojas de queja ante el departamento de salud. La Generalitat no respondió, ni tampoco solicitó ampliar el plazo para hacerlo.

En los escritos de ampliación de la queja los padres recogían la respuesta de la gerente expresando su "indignación" por el hecho de "tener noticia a los 176 días que la prueba rogada a nuestra hija ha sido anulada. Y si tenemos noticia es por haber efectuado múltiples reclamaciones y especialmente un escrito dirigido a la gerencia". Para los afectados es "profundamente lamentable el penoso funcionamiento de la administración sanitaria en este sentido, ocultando información básica del devenir de la salud de una menor y de toda la familia que le rodea al no saber por qué no recibe la atención sanitaria" solicitada.