El juicio contra el exalcalde de Gandía Arturo Torró y seis personas más se retomó ayer en la sección segunda de la Audiencia de València con la declaración de tres testigos-peritos y un testigo. Entre los procesados se encuentra la interventora de Torrevieja y Rojales Cristina Serrano. Los hechos que se juzgan desde el pasado día 12 se derivan de una investigación que se remonta a una denuncia de 2015.
Están vinculados a la adjudicación supuestamente irregular de contratos por parte de Torró a una televisión comarcal de La Safor (València). Serrano era jefa del Área Económica municipal en ese momento y que estaría al cargo de la actividad de la empresa pública municipal Iniciatives Públiques de Gandía, que gestionó los contratos.
La Fiscalía acusa a Torró y al empresario audiovisual Ricardo Faura de malversación y fraude en la contratación pública. Pero no al resto de encausados. Es el Ayuntamiento de Gandia el que extiende esta acusación y añade el delito de prevaricación para los exconcejales Javier Reig y Antonio Abad, los empresarios Jose Vicente Codina y Josep Lluís Giménez Estruch y la funcionaria Cristina Serrano Mateo. Lo hace en función de un informe emitido a instancias del juzgado en 2015 por otro de los altos funcionarios de ese ayuntamiento.
Contratos
El secretario durante diez años y el interventor desde 1994 del Ayuntamiento de Gandia confirmaron ayer las irregularidades y las dudas legales en los contratos a dos empresas audiovisuales de la Safor decididas en 2012 por el equipo de gobierno que entonces encabezaba en ese momento por el dirigente popular Arturo Torró.
El secretario general del pleno del Ayuntamiento de Gandia durante diez años, Lorenzo Pérez Sarrión, abrió la jornada y protagonizó el interrogatorio más extenso.Fue su informe de 1 de diciembre de 2015 elaborado a petición del Juzgado de Instrucción 2 de Gandia es el que sirve de base a la Fiscalía para acusar.
A preguntas del fiscal el secretario Lorenzo Pérez Sarrión confirmó que el contrato firmado por la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia con las mercantiles audiovisuales privadas Comarques Central Televisió SLe Inversiones Especiales del Mediterráneo SL «no se hubiera tramitado de esa manera si se hubiera hecho en el ayuntamiento».
Falta de documentación
La retahíla de irregularidades de ambos contratos era extensa. «Plazos breves distintos a la ley de contratos, la manera en la que se invitó a las dos empresas a concursar mediante correos que yo no vi. Se invitó a unas empresas y en la secuencia del expediente en una semana se había adjudicado a personas jurídicas distintas. Y más adelante un contratista cedía un contrato al otro. No constan facturas, pagos ni declaraciones de IVA. A mi no se me enseña esa documentación, no consta acreditada en el expediente», relató el exsecretario de Gandia.
Su conclusión es que todas estas irregularidades deberían haber supuesto «una penalización según la ley de contratos y la resolución del contrato porque al fin y al cabo es dinero público», concluyó el secretario municipal.
Sin control de la intervención y la secretaria
El interventor general del Ayuntamiento de Gandia desde 1994, Jorge García Hernández, quien confirmó que la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) estaba desde 2014 «en quiebra y en situación de disolución» por pérdidas cuantiosas, embargos, demandas de trabajadores y proveedores, confirmó en respuesta al abogado de Arturo Torró. A pesar de que IPG solicitó un préstamo de 31 millones en 2009 para «atender las muchas encomiendas que tenía» en materia de turismo, urbanismo o comunicación. Y al que en su momento «no hubo objeciones porque estaría bien», reconoció el interventor en respuesta al letrado de Javier Reig. El problema, como sucede con este tipo de empresas públicas, es que IPG no estaba sujeta al control ni de la intervención, ni la secretaría municipales al ser «una empresa privada de capital público».
A preguntas del fiscal, el interventor también confirmó que el entonces alcalde Arturo Torró no reclamó ninguna «memoria, informe o análisis jurídico» para justificar el pago de 500.000 euros a la empresa Comarques Centrals Televisió SL cuando ésta decidió rescindir el 10 de febrero de 2013 el contrato adjudicado el 6 de febrero de 2012. El interventor también admitió que IPG mantenía una deuda de 196.000 euros con Comarques Centrals Televisió, «según constaba en un asiento contable» aunque la documentación que pudiera acreditarla «no la examiné».
Empresa en quiebra
La jornada la cerró el exgerente de IPG, Gonzalo Morant Mayor, quien confirmó el pago a Comunicacions Centrals Televisió y que la mitad de la cantidad abonada (unos 200.000 euros) eran por facturas atrasadas que la empresa audiovisual «reclamaba insistentemente todas las semanas». Morant también confirmó que al llegar a la gerencia de IPG en 2012 la empresa pública municipal «estaba en quiebra. Con requerimientos de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria con requerimientos de los bancos, con las cuentas bancarias bloqueadas. La situación era inasumible. Los trabajadores no cobraban y no podíamos pagar ni la Seguridad Social». A pesar de ostentar la gerencia de la empresa pública municipal, Morant reconoció que desconocía que Comarques Centrals Televisió había cedido su contrato a Inversiones especiales del Mediterráneo. Y admitió que Comarques Centrals TV hizo trabajos sin cobrar.
Vidal: «Los cambios en la licencia se debían notificar»
Otro de los informes que han resultado claves en la causa que ha acabado sentando en el banquillo al exalcalde de Gandia, Arturo Torró, es el emitido por la secretaría autonómica de Comunicación, dirigida de 2015 a 2019 por José María Vidal, que ayer también declaró como testigo perito en la segunda jornada del juicio en la sección segunda de la Audiencia de València. Vidal confirmó que tanto Comarques Centrals Televisió SLcomo Inversiones especiales del Mediterráneo SL eran concesionarias de dos licencias de televisión digital comarcal. De ahí que declarara que cualquier cambio en esta situación se debía comunicar a la Generalitat. Una obligación que no se cumplió.
En respuesta al Fiscal, el exsecretario autonómico confirmó que la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) debería haber comunicado a la Generalitat la cesión de la encomienda de la televisión pública municipal que hace a las dos empresas audiovisuales, así como la cesión posterior del contrato que una mercantil privada hizo a la otra. «Debe comunicarse cualquier elemento que modifica algunas condiciones con las que se ha concedido la licencia» de emisión digital.
De hecho, tal como admitió Vidal al letrado del ayuntamiento de Gandia, la cesión del contrato que Comarques Centrals Televisió hizo a Inversiones Especiales del Mediterráneo SL «debería haberse comunicado». Aunque también advirtió que según la ley autonómica «la licencia [de emisión] no se podía alquilar o vender durante los dos primeros años» de concesión.
El testigo-perito también respondió al letrado de José Vicente Codina (administrador de Inversiones especiales del Mediterráneo SL), que «si lo que iba a a hacer era una televisión a un ayuntamiento, lo normal es que el ayuntamiento solicitara la autorización para una televisión pública». Y confirmó que el compromiso exigido por Torró a Comarques Centrals de no emitir informativos tras rescindir su contrato «hurta a la ciudadanía el derecho a recibir información veraz, lo que vulnera la Constitución».