Pilar de la Horadada reclama a la empresa de suministro de agua el pago de la tasa por el uso del subsuelo

El equipo de gobierno del Partido Popular ha desvelado que Acciona, empresa adjudicataria de la gestión del suministro de agua en Pilar de la Horadada, "nunca ha satisfecho al Ayuntamiento" la tasa por la utilización del vuelo, suelo y subsuelo de dominio público, comúnmente conocida como tasa "del 1,5" y que grava a las empresas con el 1,5 % por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal.

Tasa en vigor

La tasa está en vigor desde el año 2005 y por ese concepto debería haber pagado 1,1 millones de euros. Sin embargo, al no haberla requerido nunca hasta la fecha, "ahora sólo se pueden pedir los importes de los últimos cuatro años, que ascienden a 276.000 euros".

Desde ahora, según mantiene el gobierno local "la concesionaria ingresará anualmente entorno a los 90.000 euros anuales por este concepto en las arcas municipales".

Perdonar

El portavoz del equipo de gobierno Rufino Lancharro, no se explica cómo “el Ayuntamiento ha perdonado históricamente a la empresa más de 1 millón de euros por la tasa del 1,5” aunque reconoce que “parece que esta ha sido una práctica habitual” porque “no es la primera vez esta legislatura que detectamos algo similar: nos encontramos 300.000 euros sin abonar de una Declaración de Interés Comunitario y 70.000 euros sin abonar por parte de la empresa de recogida de residuos urbanos”.

Esta crítica a la fiscalización del servicio del agua implica implícitamente tanto a los dos gobiernos socialistas de Ignacio Ramos desde 2007-2011/2015-2019 como al encabezado por el popular de José Fidel Ros ( 2011-2015).

Intervención y tesorería

Los informes de intervención y tesorería que han solicitado para aclarar esta cuestión revelan que “no consta que por este departamento se haya reclamado la tasa recogida en la ordenanza”, y que “no consta que la empresa concesionaria del servicio haya declarado de manera voluntaria la citada tasa”. Por ese motivo se ha reclamado a la empresa concesionaria la deuda tributaria pendiente de los últimos cuatro años.

Canon

Fuentes de Acciona han confirmado a INFORMACIÓN que ha presentado un contencioso administrativo en el juzgado. Según fuentes municipales este contencioso alega que el pago del canon inicial implicaba también el pago de la tasa municipal del 1,5% de sus ingresos brutos de explotación durante los veinticinco años de duración del contrato.

Sin embargo, el Ayuntamiento entiende que "no hay doble imposición porque no hay cesión gratuita del uso, vuelo, subsuelo público sino de obras e instalaciones. Entendiendo que el canon no es una tasa ni tiene naturaleza tributaria, y que no la concesión no incluía la cesión gratuita del uso del subsuelo de dominio público". El pliego de condiciones no especifica ni señala esa cesión gratuita, reiteran las mismas fuentes.

Políticos trabajando

El concejal explica que el tema se resolverá en los tribunales, pero insiste: "Los gobiernos anteriores han perdonado más de 1 millón de euros a la empresa de agua, y casualmente tienen allí políticos trabajando”.

Por 25 años

El Ayuntamiento adjudicó en 2007 a Acciona Agua el contrato de concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado para un periodo de 25 años, comprometiéndose la mercantil a realizar una serie de mejoras destinadas al servicio de agua y a mejorar el servicio a la población. Además, Acciona, que gestiona en torno a 25.000 abonados en este municipio, adelantó un canon de 39 millones de euros al consistorio.

Fueron empleados por el gobierno municipal de entonces para otros usos distintos a la mejora de la red y el saneamiento, algo que permitía la ley de Contratos en aquel momento.

Por ejemplo, sirvió para financiar la espectacular sede del Ayuntamiento, aunque no para reforzar la red de saneamiento y agua potable.

Auditoría externa

El Ayuntamiento ha contratado ahora una auditoría externa para la concesión de la gestión de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado con la empresa PW Advisory & Capital Services por importe de 16.335 euros IVA incluido que debería haberse realizado anualmente y que nunca se ha llevado a cabo. La auditora está reclamando información sobre el contrato tanto a la propia empresa como al municipio.