Un juez obliga a la contrata de agua de Pilar de la Horadada a pagar por uso del subsuelo

El Juzgado de Lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche ha rechazado un recurso de Acciona Agua, ante el acuerdo de junta de gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada de noviembre de 2022 de girarle el pago de la tasa de aprovechamiento de dominio público por el uso del subsuelo de las redes de suministro de agua y alcantarillado.

Deuda e intereses

Según el equipo de gobierno Acciona Agua pagará una deuda de 370.392,18 euros más los intereses de demora y 90.000 euros al año desde ahora. Esta última cantidad equivale al 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtiene anualmente en su término municipal esta empresa explotadora de servicios de suministros, que puede todavía recurrir aunque no se ha pronunciado sobre la sentencia al ser consultada por INFORMACIÓN.

Dominio público

La sentencia considera que cualquier ocupante del dominio público del que obtenga un beneficio económico debe pagar por él , independientemente de que se trate de una prestación municipal, a través de la tasa de aprovechamiento de vuelos, suelo y subsuelo sobre el que se ubican las redes eléctricas, de gas, de fibra, suministro de agua o alcantarillado. Cuando la red de agua la explota el propio ayuntamiento no se cobra a sí mismo por el aprovechamiento del dominio público porque detenta su propiedad. Al contratar a una empresa para gestionar el abastecimiento, el Ayuntamiento le cede la red para que la explote y además de prestar el servicio obtenga un beneficio.

Pero esta cesión no incluye el aprovechamiento del dominio público sobre el que discurre la misma. Un aprovechamiento equivalente al que realizan, por ejemplo, las terrazas, o las empresas de telefonía y fibra: los espacios públicos que ocupan no pueden ser ya usados por otros.

Sentencias

La jueza cita tres sentencias del Tribunal Supremo que concluyen que el canon que pagó Acciona en enero 2007 por quedarse con el contrato de la concesión -aportado en ese momento de una sola vez-, es compatible con el cobro, por otra parte, de la tasa del 1,5; «por lo que difícilmente prosperará un recurso», a juicio del concejal de Infraestructuras, Rufino Lancharro, principal impulsor del procedimiento.

Abre la vía

La sentencia abre la vía a que muchos ayuntamientos reclamen a las empresas concesionarias de este servicio la recaudación a la que tienen derecho por el aprovechamiento que del dominio público hacen estas empresas. Una recaudación que en muchos casos se deja de obtener porque las empresas asumen que al ofertar las redes de aguas en las concesiones se hace también el otorgamiento del aprovechamiento del dominio público, pero sin cobrar por el mismo.

La sentencia deja claro que se trata de dos conceptos jurídicos distintos y distinguibles.

En ella reitera la jueza Laura Santana que la cesión gratuita de las instalaciones a la empresa para que las explote y realice el servicio «no implica en ninguna circunstancia la cesión gratuita del dominio público» y que la titularidad municipal de esas redes «no altera el hecho imponible».

Hasta ahora, algunos ayuntamientos al dar concesión del servicio de agua potable, entendían que el canon que se pagaba por el servicio incluía las redes, propiedad del Ayuntamiento, y también el aprovechamiento del dominio que soportaba esas redes. Pero esta sentencia clarifica lo que es el canon del servicio, que explota un tercero por concesión o contrato, y la tasa de aprovechamiento que paga el hecho de que las redes cedidas se asienten en un dominio público, que no ha sido objeto del contrato ni de concesión.

SUMA

SUMA Gestión Tributaria no asume el criterio de ayuntamientos como el de Pilar de la Horadada -ni el de la jueza en este caso- y cuando es consultada por este asunto invita a los municipios a incluir expresamente en sus ordenanzas fiscales la excepcionalidad del pago de la tasa para el caso de empresas que realicen servicios municipales. SUMA cita entre las razones para considerar esa exención el carácter esencial de la prestación, el hecho de que sea obligatoria y la titularidad municipal.