Un Día Mundial del Agua reivindicativo

El Teatro Cortés de Almoradí acoge una jornada de los regantes de la Comunidad Valenciana en defensa del trasvase Tajo-Segura, cuyo recorte conlleva la pérdida de 600 empleos en la provincia y 27.000 hectáreas de cultivo

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) ha celebrado en el Teatro Cortés de Almoradí el Día Mundial del Agua, una jornada con un tono reivindicativo -lleno de pancartas- en defensa de los intereses del Levante español ante el recorte del trasvase Tajo-Segura.

Joaquín Melgarejo, director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, ha desgranado las repercusiones económicas, sociales y ambientales en la cuenca del Segura motivadas por la elevación de los caudales ecológicos en el Plan Hidrológico del Tajo, además de señalar "la falta de transparencia y participación pública en el proceso de planificación hidrológica".

La reducción de 105 hectómetros cúbicos al año (27 menos para abastecimiento y 78 para riegos), en el periodo 2022-2027, se traduce en una pérdida del 15,62% de la superficie de regadío (27.000 hectáreas) en toda la cuenca del Segura, así como en 6.000 puestos de trabajo menos, 600 solo en la provincia.

Asimismo, la nueva planificación hidrológica supondrá unas pérdidas patrimoniales, en cuanto al precio de la tierra y el lucro cesante, de más de 5.600 millones de euros.  

Melgarejo también ha insistido en que por cada hectómetro cúbico de agua empleado se generan unos 10,5 millones de euros y 207 empleos.

Además, ha incidido en que habrá "una mayor dependencia energética e incremento de costes ambientales y económicos", sin olvidar que "se pasa de actividades independientes a situaciones clientelares, especialmente en el sector agropecuario por la subvención del agua del agua desalada frente a la recuperación de costes del trasvase Tajo-Segura".

Por último, se ha referido a un incremento del déficit hídrico de 309 hectómetros cúbicos en 2027 que no queda compensado por el aumento de las plantas desalinizadoras, en una cuenca que ya es estructuralmente deficitaria.

José Antonio Andújar, presidente de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura y vicepresidente de Fecoreva, que se ha encargado de dar la bienvenida al sector de la Comunidad Valenciana que ha acudido a la Vega Baja, ha hecho hincapié en la incertidumbre y la falta de colaboración del Gobierno de España con el Levante, lo que "nos ha obligado a acudir al Tribunal Supremo, aunque nuestra vocación no es ir a los juzgados".

Así, ha lamentado que "el Gobierno no ha querido dialogar ni llegar a un entendimiento", tomando una decisión por "intereses parciales" sin tener en cuenta las repercusiones socioeconómicas, ha añadido.

Miguel Agulló, presidente de Coitagra (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de Alicante), ha hablado de las consecuencias que tiene el descenso de la calidad del agua en el riego y en la producción agraria, lo que conlleva actuaciones en cadena que implican una disminución de la producción y de la calidad de los productos, así como el abandono de tierras, la desaparición de empresas y la despoblación. En suma, "un desastre", ha resumido, al mismo tiempo que ha recordado que un 30% de la superficie de regadío de la provincia ya se ha abandonado.

Agulló también ha remarcado "la imposibilidad del uso del agua desalinizada como sustitución del agua del trasvase". Además, ha advertido de que "la presencia del boro en la agricultura y en el consumo humano es preocupante", en base a un estudio oficial de la Confederación Hidrológica del Segura, que concluye que las concentraciones mínimas no se están cumpliendo.

Andrés Molina, director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, insistió de las acciones jurídicas ante la subida de caudales ecológicos en el Plan Hidrológico del Tajo.

Defensa en los tribunales

"La aplicación de los caudales ecológicos no son justos ni atienden a criterios técnicos y, como ha dicho el presidente Ximo Puig, recurrimos en coordinación con las comunidades de regantes para que esos caudales sean establecidos en función del estado ambiental de las masas de agua", ha manifestado la consellera de Innovación, Josefina Bueno, que ha inaugurado la jornada.

Bueno ha hecho alusión a la defensa en todo momento a los regantes y la agricultura: "Ya lo hemos hecho en otras 40 ocasiones acudiendo a los tribunales y ahora lo seguiremos haciendo con diálogo y con todos los medios necesarios, incluyendo los legales".

Así, ha abogado por "emprender un camino hacia una mayor suficiencia hídrica para asegurar el agua para siempre", y ha reiterado que la Generalitat implementará una línea de ayudas para rebajar en 10 céntimos por metro cúbico el precio final del agua, desde los 0,34 euros fijado por el Gobierno, para dejarlo en 0,24 euros. 

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que ha clausurado el acto, ha anunciado su adhesión a la petición de la medalla para Andújar, del que ha dicho que es «referente nacional de la agriculturay del uso del agua con respeto», así como «ejemplo para las generaciones futuras», por lo que se ha unido a la solictud para que reciba la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrario, en una carta dirigida al ministro de Agricultura, Luis Planas.

Por último, se han entregado las medallas de Fecoreva al expresidente de la entidad, Salvador Marín, y a Pascual Gómez, por su labor en la federación como miembro de la junta directiva y su desempeño como juez de Aguas de Callosa de Segura, cargo que ha dejado recientemente.